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9 Abril 2019


La posición central de las personas en las decisiones administrativas


La función esencial de la Administración Pública en un Estado Social y Democrático de Derecho consiste en la realización de los derechos fundamentales, es decir, en la materialización de un conjunto de disposiciones iusfundamentales que tienen como finalidad el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social. Estos derechos regulan la relación de los individuos con los órganos y entes públicos, pues condicionan las actuaciones administrativas a la observancia de sus disposiciones (ver “la función esencial de la Administración Pública”).


5 Abril 2019


La función esencial de la Admistración Pública


El Estado Social y Democrático de Derecho surge -tras finalizar el período de entreguerras y con la derrota de las dictaduras fascistas- como una organización político-jurídica compuesta por un conjunto de referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, provenientes del proceso de democratización, socialización y normativización del Derecho. En efecto, esta modelo comprende los pensamientos ideológicos de las tres fases o etapas históricas de la evolución del constitucionalismo, las cuales tienen como finalidad limitar el poder político y distribuirlo entre los ciudadanos. Es decir que detrás del objetivo central de esta fórmula constitucional reposan los derechos fundamentales de las personas.


19 Marzo 2019


La tensión entre la jurisdicción constitucional y los órganos legislativos


El modelo de democracia constitucional genera una tensión entre la jurisdicción constitucional y los órganos legislativos como consecuencia de las funciones interpretativas y decisorias asumidas por los tribunales. Esta tensión mantiene vigente la polémica sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, pues, tal y como señalé en mi artículo anterior, las constituciones iberoamericanas “se encuentran permeadas de principios y valores que permiten al órgano constitucional asumir una función de legislador positivo” (“La discusión inacabada entre Kelsen y Schmitt”, 16 de enero de 2019), lo que genera su conceptualización como un “poder constituyente permanente” (Pegoraro: 2013).


16 Enero 2019


La discusión inacabada entre Kelsen y Scmitt


En la actualidad es indudable que Kelsen ha sido el gran triunfador en la polémica sostenida contra Schmitt sobre quién debe ser el defensor de la Constitución. Y es que, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, como es el caso de la República Dominicana, el constituyente ha preferido adoptar la jurisdicción constitucional concentrada en un órgano ad hoc creado esencialmente para “asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales” (Kelsen, 109). Es decir que se ha optado por aplicar las ideas kelsenianas sobre el guardián de la Constitución, incorporando un tribunal constitucional para garantizar la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En palabras del Tribunal Constitucional dominicano, el objetivo esencial de estos órganos consiste en “sancionar las infracciones constitucionales” (TC/0173/18 del 18 de julio de 2018).


12 Enero 2019


La presunción de constitucionalidad de las leyes


A partir de la reforma constitucional de 2010 se reconoce expresamente el principio de supremacía constitucional y su valor como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. En efecto, conforme el artículo 6 de la Constitución, “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. De este artículo se desprende claramente que los preceptos constitucionales tienen una jerarquización superior y de aplicación preferente en el sistema jurídico, de modo que la validez de todas las reglas jurídicas, independientemente de su naturaleza, ya sea pública o privada, interna o internacional, se encuentra sometida a la observación del orden constitucional. Es por esto que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución”.


14 Diciembre 2018


La accesibilidad en el servicio público del transporte de pasajeros


El pasado miércoles, el señor Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA), prohibió a sus “sindicatos de transportistas” permitir el acceso de extranjeros haitianos, independientemente de sus condición migratoria, en las unidades de transporte de pasajeros. Esta medida xenófoba, racista y discriminatoria no sólo desconoce derechos que son esenciales para el disfrute de otros derechos fundamentales, sino que además inobserva el principio de accesibilidad que caracteriza a los servicios públicos. En efecto, conforme el artículo 147.2 de la Constitución, “los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria“.


28 Octubre 2018

La concepción republicana de la libertad


El pasado miércoles 17 de octubre del presente año el Lic. Namphi Rodríguez publicó un artículo en el periódico El Nacional, en el cual afirma que la intervención del legislador en los asuntos internos de los partidos políticos “representa un acto de arbitrariedad que subvierte el orden constitucional”. En su artículo intitulado “¿puede una ley modificar estatutos de los partidos?”, Rodríguez señala que la intromisión del legislador en los estatutos generales de estas organizaciones políticas desconoce “el derecho fundamental a la vida interna partidaria, con lo cual se quiebra el sistema de representación y de democracia interna”. Para llegar a esta conclusión, éste no sólo desconoce la teoría keynesiana sobre el fundamento de validez de las normas, sino que además asume una concepción radical del derecho a la “democracia interna”, condicionando las leyes a la voluntad particular de los partidos políticos, es decir, a aquel “gran animal organizado y disciplinado, que encuadra masas de individuos” (R. Capitant). 


4 Agosto 2018

El debido proceso administrativo


En la teoría garantista de Luigi Ferrajoli se reconocen dos tipos de garantías: las garantías primarias o sustanciales y las garantías secundarias o jurisdiccionales. Las primeras corresponden a las conductas, en forma de obligaciones de hacer (positiva) o prohibiciones (negativa), señaladas por los derechos subjetivos garantizados. Las segundas, en cambio, son las obligaciones que tiene el órgano jurisdiccional de sancionar o declarar la nulidad cuando constate actos ilícitos o no válidos que violen las garantías primarias. De estas definiciones se infiere, como bien explica Miguel Carbonell, que las garantías secundarias requieren para su activación y entrada en funcionamiento de al menos una presunta violación a las garantías primarias, de las cuales serían dependientes. Sin embargo, las garantías primarias son normativa y conceptualmente autónomas, de modo que pueden existir aún en ausencia de las garantías secundarias (Miguel Carbonell, “La teoría garantista de Luigi Ferrajoli”, p. 5)


15 Junio 2018


Los nudges como herramientas para desincentivar la corrupción gubernamental (2 de 2)


En la primera parte de este artículo advertimos que la sobrerregulación no es sinónimo de control de las actuaciones corruptas, sino que más bien, como señala Renny Reyes, ésta es “cómplice de la corrupción” (Renny Reyes. “La sobrerregulación, amiga de la corrupción”, publicado en fecha 14 de septiembre de 2012). Es por esta razón que, en lugar de propugnar por normas más estrictas y mayores castigos para los funcionarios públicos, es necesario reorientar la lucha contra la corrupción a la creación y el fortalecimiento de un sólido tejido ético en las actuaciones públicas. Para esto, se debe estimular la integridad y fomentar la ética en las decisiones administrativas, a través de “empujones” que permitan dirigir a los funcionarios a actuar correctamente convenciéndoles de que ser ético e íntegro es la decisión más fácil y la que mejor maximizará sus propios intereses.


15 Junio 2018


Los nudges como herramientas para desincentivar la corrupción gubernamental (1 de 2)


Hoy en día la corrupción es uno de los principales males que enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos. Para la República Dominicana, es el mayor problema del sistema político y el talón de Aquiles del oficialismo, quien en los últimos años ha adoptado diversas medidas para reducir las prácticas corruptas y transparentar el sistema de contrataciones públicas. Si bien es cierto que el origen de esta epidemia es anterior al caso Odebrecht, esta constructora multinacional ha sido el detonante para el cuestionamiento de la institucionalidad y del marco regulatorio del sistema de compras y contrataciones.


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