PUBLICACIONES

Youtube

Autor: Roberto Medina Reyes

La cláusula del Estado social y democrático de Derecho transforma la relación existente entre el Estado y la sociedad, pues sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas. En efecto, a partir del reconocimiento de esta fórmula constitucional, las personas dejan de ser meros súbditos de los órganos y entes administrativos y, en consecuencia, asumen una mayor participación política en la evaluación de las decisiones administrativas. Esta evolución de un sistema basado en el poder a un sistema centrado en los ciudadanos modifica las ideas que fundamentan y legitiman la existencia de la Administración. En la obra "La Administración del Estado social y democrático de Derecho" se analiza la función de los órganos y entes administrativos en un Estado social y democrático de Derecho, la cual consiste en la protección de los derechos fundamentales y en el acceso efectivo de las personas a los servicios indispensables. 


De venta en la Librería Jurídica Internacional

​Disponible en: 

Twitter

03 Junio 2021

En defensa de la comunidad sorda


Uno de los proyectos de ley que se encuentra estancado en la cámaras legislativas es el Proyecto de Ley que regula la Lengua de Señas. Este proyecto es fundamental para garantizar el incremento de la comunidad sorda en los establecimientos educativos, en los empleos y en las relaciones con la Administración, pues hace realidad el mandato de igualdad «material» impuesto en el artículo 39 de la Constitución. Según este artículo, “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal” [Leer más]


28 Mayo 2021

Los nudges y el proceso de vacunación


Luego de más de un año de estar encerrados y de presenciar las graves consecuencias de la pandemia era impensable que las personas se resistirían a vacunarse. Lo más lógico y racional era que los centros de vacunación estarían repletos y que las personas acudirían masivamente a vacunarse para poner fin a un etapa que parece haber sido sacada de una película de terror. Pero la realidad es completamente distinta: Las personas no están asistiendo a vacunarse y se está generando una desviación sistémica que pone en juego el bienestar de la colectividad. ¿A qué se debe este comportamiento anómalo? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo motivar y eficientizar el proceso de vacunación? Estas son algunas de las preguntas que han surgido en los últimos meses y que intentaré abordar en el presente artículo [Leer más]


9 Abril 2021

Los peligros de un positivismo-voluntarista 


En estos días es común encontrar personas que defiendan una visión positivista-voluntarista del Derecho. Es decir que profesen -de una forma inconsciente en algunos casos- una atribución ilimitada del soberano en el proceso legislativo y, en consecuencia, un sometimiento incondicional a su voluntad. Y es que, a juicio de estas personas, no existen límites legales externos que permitan juzgar las actuaciones del soberano, pues la ley es una causa subordinada a la voluntad legislativa. Dicho de otra forma, las leyes existen porque la voluntad del soberano así lo ha querido, de modo que no hay reglas externas o anteriores que limiten su conducta [Leer más]


13 Marzo 2021

La desviación del poder legislativo 


Hace dos semanas indiqué que el régimen de ilegalidad en la creación del derecho se produce por la desviación del poder legislativo (ver, “La ilegalidad en la creación de las leyes (2 de 2)”, 20 de febrero de 2021). Es decir por el ejercicio de una potestad formalmente asignada, pero de forma desviada a sus fines o al espíritu de la norma que la otorga. Se trata, en síntesis, del “ejercicio de potestades para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico” (Chinchilla Marín, 1999), de modo que debe entenderse como una desviación en los fines [Leer más]


20 Febrero 2021

La ilegalidad en la creación de las leyes (2 de 2)


La semana pasada indiqué que el órgano legislativo incurre un “régimen de ilegalidad” en el proceso legislativo cuando adopta decisiones que desconocen los objetivos del soberano, el pueblo, al pasar a un estado de sociedad y delegar la función legislativa. Estos objetivos consisten, a juicio de Rousseau, en garantizar la libertad y la igualdad de las personas, lo que se logra, agrego, con la protección efectiva de los derechos de carácter liberal, democrático y social [Leer más]


12 Febrero 2021

La ilegalidad en la creación de las leyes (1 de 2)


El legislador es considerado el creador del derecho y la metodología que emplea para cumplir con su función constitucional es el proceso legislativo. El proceso legislativo se desarrolla en cinco etapas: (a) la iniciativa de ley (artículos 96 y 97); (b) la discusión legislativa (artículo 98); (c) el trámite entre las cámaras y la aprobación del proyecto (artículo 99); (d) la sanción o derecho de veto del Poder Ejecutivo; y, (e) la publicación de la ley (artículo 101) [Leer más]


15 Enero 2021

La libertad de expresión y las redes sociales


Hace cuatro años indiqué que el discurso del odio desborda los límites del derecho a la libertad de expresión, por lo que los mensajes racistas, xenofóbicos, que degradan a un individuo por su condición política, social o cultural o que enaltecen la violencia y el terrorismo escapan del ámbito de protección constitucional. Las personas son libres de odiar y ser intolerantes, pero esa libertad está condicionada a la internalización de ese sentimiento [Leer más]


7 Enero 2021

La defensoría del pueblo 


La función esencial de la Administración Pública en un Estado social y democrático de Derecho consiste en la realización de los derechos fundamentales, es decir, en la materialización de un conjunto de disposiciones iusfundamentales que tienen como finalidad el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social (artículo 8 de la Constitución). Estos derechos regulan la relación de los individuos con los órganos y entes públicos, pues condicionan las actuaciones administrativas a la observancia de sus disposiciones [Leer más]


17 Diciembre 2020

El amparo como vía judicial preferente 


​El artículo 72 de la Constitución reconoce la acción de amparo como la vía procesal idónea para que las personas puedan: (a) garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales; (b) hacer cumplir una ley o un acto administrativo; y, (c) salvaguardar los derechos e intereses colectivos y difusos. Es decir que el amparo es concebido como una acción sencilla, sumaria y no sujeta a formalidades que procura la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a los actos u omisiones contrarios al ordenamiento constitucional [Leer más]


10 Diciembre 2020

La libertad de expresión de los jueces y la Corte IDH


Hace unos meses señalé que los jueces tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de este derecho permite la democratización de la administración de justicia y, en consecuencia, un mayor control social de las funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en una forma de legitimación de la actividad judicial. Ahora bien, también indiqué que el ejercicio de este derecho está condicionado al mantenimiento de una conducta neutra y objetiva por parte de los jueces, con el objetivo de garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia. Es decir que los jueces pueden hablar y escribir libremente, siempre y cuando no fomenten ideas que puedan comprometer su imparcialidad [Leer más]


27 Noviembre 2020

Hacia una Administración justa 


Una de las garantías de una tutela administrativa efectiva es el derecho de las personas de acceder al procedimiento administrativo. Ahora bien, no cualquier acceso a la Administración cumple con esta garantía y con el derecho fundamental a una buena administración, sino aquel que permite obtener una decisión justa, es decir, una decisión razonable y respetuosa del mínimo de justicia material consagrado en el ordenamiento constitucional. En otras palabras, no basta con que las decisiones administrativas sean dictadas en un proceso regular, con respeto a todas las garantías formales en su tramitación y expedición, sino que además deben ser el resultado de un análisis correctamente razonado y justo por parte de la Administración [Leer más]



ARTÍCULOS RECIENTES