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Autor: Roberto Medina Reyes

La cláusula del Estado social y democrático de Derecho transforma la relación existente entre el Estado y la sociedad, pues sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas. En efecto, a partir del reconocimiento de esta fórmula constitucional, las personas dejan de ser meros súbditos de los órganos y entes administrativos y, en consecuencia, asumen una mayor participación política en la evaluación de las decisiones administrativas. Esta evolución de un sistema basado en el poder a un sistema centrado en los ciudadanos modifica las ideas que fundamentan y legitiman la existencia de la Administración. En la obra "La Administración del Estado social y democrático de Derecho" se analiza la función de los órganos y entes administrativos en un Estado social y democrático de Derecho, la cual consiste en la protección de los derechos fundamentales y en el acceso efectivo de las personas a los servicios indispensables. 


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20 Febrero 2021

La ilegalidad en la creación de las leyes (2 de 2)


La semana pasada indiqué que el órgano legislativo incurre un “régimen de ilegalidad” en el proceso legislativo cuando adopta decisiones que desconocen los objetivos del soberano, el pueblo, al pasar a un estado de sociedad y delegar la función legislativa. Estos objetivos consisten, a juicio de Rousseau, en garantizar la libertad y la igualdad de las personas, lo que se logra, agrego, con la protección efectiva de los derechos de carácter liberal, democrático y social [Leer más]


12 Febrero 2021

La ilegalidad en la creación de las leyes (1 de 2)


El legislador es considerado el creador del derecho y la metodología que emplea para cumplir con su función constitucional es el proceso legislativo. El proceso legislativo se desarrolla en cinco etapas: (a) la iniciativa de ley (artículos 96 y 97); (b) la discusión legislativa (artículo 98); (c) el trámite entre las cámaras y la aprobación del proyecto (artículo 99); (d) la sanción o derecho de veto del Poder Ejecutivo; y, (e) la publicación de la ley (artículo 101) [Leer más]


15 Enero 2021

La libertad de expresión y las redes sociales


Hace cuatro años indiqué que el discurso del odio desborda los límites del derecho a la libertad de expresión, por lo que los mensajes racistas, xenofóbicos, que degradan a un individuo por su condición política, social o cultural o que enaltecen la violencia y el terrorismo escapan del ámbito de protección constitucional. Las personas son libres de odiar y ser intolerantes, pero esa libertad está condicionada a la internalización de ese sentimiento [Leer más]


7 Enero 2021

La defensoría del pueblo 


La función esencial de la Administración Pública en un Estado social y democrático de Derecho consiste en la realización de los derechos fundamentales, es decir, en la materialización de un conjunto de disposiciones iusfundamentales que tienen como finalidad el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social (artículo 8 de la Constitución). Estos derechos regulan la relación de los individuos con los órganos y entes públicos, pues condicionan las actuaciones administrativas a la observancia de sus disposiciones [Leer más]


17 Diciembre 2020

El amparo como vía judicial preferente 


​El artículo 72 de la Constitución reconoce la acción de amparo como la vía procesal idónea para que las personas puedan: (a) garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales; (b) hacer cumplir una ley o un acto administrativo; y, (c) salvaguardar los derechos e intereses colectivos y difusos. Es decir que el amparo es concebido como una acción sencilla, sumaria y no sujeta a formalidades que procura la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a los actos u omisiones contrarios al ordenamiento constitucional [Leer más]


10 Diciembre 2020

La libertad de expresión de los jueces y la Corte IDH


Hace unos meses señalé que los jueces tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de este derecho permite la democratización de la administración de justicia y, en consecuencia, un mayor control social de las funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en una forma de legitimación de la actividad judicial. Ahora bien, también indiqué que el ejercicio de este derecho está condicionado al mantenimiento de una conducta neutra y objetiva por parte de los jueces, con el objetivo de garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia. Es decir que los jueces pueden hablar y escribir libremente, siempre y cuando no fomenten ideas que puedan comprometer su imparcialidad [Leer más]


27 Noviembre 2020

Hacia una Administración justa 


Una de las garantías de una tutela administrativa efectiva es el derecho de las personas de acceder al procedimiento administrativo. Ahora bien, no cualquier acceso a la Administración cumple con esta garantía y con el derecho fundamental a una buena administración, sino aquel que permite obtener una decisión justa, es decir, una decisión razonable y respetuosa del mínimo de justicia material consagrado en el ordenamiento constitucional. En otras palabras, no basta con que las decisiones administrativas sean dictadas en un proceso regular, con respeto a todas las garantías formales en su tramitación y expedición, sino que además deben ser el resultado de un análisis correctamente razonado y justo por parte de la Administración [Leer más]


9 Octubre 2020

Los bloques de partidos y la segunda mayoría 


En los próximos meses el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá la responsabilidad de evaluar y designar cuatro (4) jueces en el Tribunal Constitucional y cinco (5) jueces, más sus suplentes, en el Tribunal Superior Electoral. Esta situación ha generado una profunda discusión en torno a los conceptos de «bloque de partidos» y «segunda mayoría», con el objetivo de determinar cuál es el senador o senadora, perteneciente al partido o bloque de partidos distinto al del Presidente del Senado, que ocupará un puesto en este órgano colegiado  [Leer más]


19 Septiembre 2020

La fundamentalidad de los derechos sociales


En el artículo anterior señalé que el carácter social del Estado lleva implícito el reconocimiento de los derechos sociales como precondiciones para el ejercicio de las libertades fundamentales (ver, “Los derechos sociales en serio”, 15 de septiembre de 2020). Es decir que el Estado es realmente un «Estado social» y democrático de Derecho cuando reconoce un conjunto de condiciones existenciales mínimas como premisas a priori para garantizar las libertades fundamentales y, además, asegurar la separación y limitación de los poderes públicos. Estas condiciones forman parte del contenido esencial de los derechos sociales, los cuales están ubicados al mismo nivel normativo que las libertades civiles y políticas. Se tratan de auténticos derechos fundamentales (ver artículos 50 y siguientes de la Constitución) [Leer más]


15 Septiembre de 2020

Los derechos sociales en serio


​La función esencial de un Estado social y democrático de Derecho consiste en la realización de los derechos fundamentales, es decir, en la materialización de un conjunto de disposiciones iusfundamentales que tienen como objetivo asegurar el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social. Para esto, el Estado asume la protección de un «mínimo social» como precondición lógica y empíricamente necesaria para garantizar la libertad de las personas, de modo que fundamenta el ordenamiento constitucional en un principio superior de interés social, según el cual las necesidades socioeconómicas deben ser satisfechas para asegurar que las personas puedan gozar de las libertades civiles y políticas [Leer más]


​21 Agosto 2020
​La Administración de la postpandemia 

Una de las implicaciones del reconocimiento de la cláusula del Estado social y democrático de Derecho es la socialización del ordenamiento constitucional. Es decir, la implementación de un marco jurídico orientado a la protección de un mínimo de procura existencial que garantice una vida digna y el desarrollo de las personas en un ámbito de justicia social. Este proceso de socialización no sólo modifica la actuación del Estado en el ámbito social, obligándole a asumir un rol más activo para garantizar el acceso de forma igualitaria, equitativa y progresiva a los servicios mínimos indispensables, sino que además genera la transformación del sistema económico por un modelo de economía social de mercado, caracterizado por la intervención reguladora del Estado en el equilibro de los mercados [Leer más]


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