ARTÍCULOS

27 Noviembre 2019
El Tribunal Constitucional y el control difuso de constitucionalidad 

A partir de la reforma constitucional de 2010 se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional como un órgano ad hoc creado esencialmente para “asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales” (Kelsen, 109) a través de la defensa de orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales (artículo 184). Se trata de una medida que -aunque fue adoptada parcialmente en la reforma constitucional de 1994- incorpora un sistema de control mixto o integral de la constitucionalidad de las normas, en el cual conviven, por un lado, el modelo kelseniano de jurisdicción constitucional y, por otro lado, el modelo norteamericano de control difuso que surge a partir del caso Marbury vs. Madison (1803) [Leer más]

8 Noviembre 2019
Los retos del Tribunal Constitucional frente al transfuguismo político 

Durante meses se ha discutido sobre el contenido del artículo 49.4 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Para algunos, este artículo prohíbe que un candidato nominado en un partido político pueda participar posteriormente como precandidato en otra organización política de cara al mismo evento electoral. Para otros, la prohibición abarca a todos los precandidatos que han ejercido y agotado su derecho de sufragio pasivo en una de las modalidades de escogencia de un partido, independientemente de si éstos obtuvieron -o no- el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes en las elecciones primarias. Y existen otros, en cambio, que son más radicales y que se rehúsan a cualquier tipo de limitación al ejercicio del derecho a ser elegido [Leer más]​


22 Octubre 2019

El Tribunal Superior Electoral y la democracia representativa


El pasado viernes 18 de octubre el Tribunal Superior Electoral publicó la Sentencia TSE-059-2019, mediante la cual se acoge una demanda en nulidad interpuesta por varios precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en contra de la inscripción de la precandidatura del señor Sammy Hernández a un cargo de elección popular por inobservar los requisitos exigidos por los artículos 79 y 82 de la Constitución. Según estos artículos, el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido está condicionado en los cargos congresuales al cumplimiento de dos condiciones: (a) ser nativo de la demarcación por la cual se aspira; o, (b) sin ser nativo, haber residido en ella por lo menos cinco (5) años consecutivos  [Leer más]


14 Octubre 2019

El Tribunal Constitucional como tribunal ciudadano


A partir del período de entreguerras y con el surgimiento del modelo de democracia constitucional se afianza en los ordenamientos jurídicos la jurisdicción constitucional como una instancia especializada para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales individuales. Esta jurisdicción se presenta como “una garantía de paz política en el interior del Estado” (Kelsen), pues permite limitar el poder político a través del control concentrado y directo de las leyes, reglamentos, resoluciones y ordenanzas (artículo 184 de la Constitución) [Leer más]


​3 Septiembre 2019

El Tribunal Superior Administrativo y la libertad de comunicación 


Producto de la acción de amparo preventiva interpuesta por la Asociación Dominicana de Empresas Radiodifusoras, Inc (en lo adelante “ADORA”), la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, integrada por los magistrados Antonio Sánchez Mejía, Ursula Carrasco Márquez y Nathalie Nova Soto, emitió la Sentencia núm. 0030-03-2019-SSEN-00280 del 20 de agosto de 2019, mediante la cual ordena a la Junta Central Electoral permitir los mensajes publicitarios de índole política en los medios de comunicación radiales y televisivos durante el actual período de precampaña o campaña interna, tal y como ocurre con los medios de comunicación digitales y escritos.  Esta decisión, la cual constituye un precedente jurisdiccional histórico para la garantía de la democracia, la participación política y las libertades públicas, reconoce el valor preferente de la libertad de comunicación en las etapas electorales (preelectoral, electoral y postelectoral), pues, en palabras del tribunal, tiene como objetivo primordial “permitir a los ciudadanos participar en el funcionamiento del sistema democrático” (párr. 47)  [Leer más]


19 Agosto 2019
La Ley mordaza de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos


El pasado viernes 9 de agosto de 2019 la Asociación Dominicana de Empresas Radiodifusoras, Inc. (en lo adelante “ADORA”) interpuso una acción de amparo preventivo y de extrema urgencia en contra de la Junta Central Electoral por la amenaza inminente de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la igualdad, a la libertad de información y a la buena administración de los medios de comunicación radiales y televisivos  [Leer más]


13 Agosto 2019

El síndrome del miembro fantasma de Pro Consumidor


Uno de los principales errores de aquellos que defienden la potestad sancionadora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (en lo adelante “Pro Consumidor”) consiste en confundir la potestad de inspección o “actividad de policía” con la potestad sancionadora de la Administración. Esta confusión surge por el desconocimiento de las distintas formas de intervención administrativa, lo cual impide que algunos doctrinarios puedan separar la actividad general de ordenación y control del régimen de sanciones administrativas [Leer más]


​9 Abril 2019
La posición central de las personas en las decisiones administrativas

La función esencial de la Administración Pública en un Estado Social y Democrático de Derecho consiste en la realización de los derechos fundamentales, es decir, en la materialización de un conjunto de disposiciones iusfundamentales que tienen como finalidad el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social. Estos derechos regulan la relación de los individuos con los órganos y entes públicos, pues condicionan las actuaciones administrativas a la observancia de sus disposiciones (ver “la función esencial de la Administración Pública”) [Leer más]


26 Julio 2019

El Tribunal Constitucional, Pro Consumidor y la potestad sancionadora


​En el mes de mayo de 2019 el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (en lo adelante “Pro Consumidor”) afirmó a través de un comunicado que el Tribunal Constitucional había reconocido su potestad sancionadora en materia de protección al consumidor, lo que representaba, a su juicio, “un éxito en el Estado Social y Democrático de Derecho”. En palabras de la Dra. Anina Del Castillo, Directora Ejecutiva de dicha institución, la Sentencia TC/0080/19 de fecha 21 de mayo de 2019 “pone fin al conflicto de criterio jurisdiccional (…), aceptando lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia en su Sentencia 692 de fecha 23 de diciembre de 2015, la cual versa de manera fundamental sobre la facultad sancionadora de Pro Consumidor, en relación a su actuación frente a una violación comprobada” (Ver, “La potestad sancionadora en materia de protección al consumidor, 30 de mayo de 2019”) [Leer más]

5 Abril 2019
La función esencial de la Administración Pública

El Estado Social y Democrático de Derecho surge -tras finalizar el período de entreguerras y con la derrota de las dictaduras fascistas- como una organización político-jurídica compuesta por un conjunto de referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, provenientes del proceso de democratización, socialización y normativización del Derecho. En efecto, esta modelo comprende los pensamientos ideológicos de las tres fases o etapas históricas de la evolución del constitucionalismo, las cuales tienen como finalidad limitar el poder político y distribuirlo entre los ciudadanos. Es decir que detrás del objetivo central de esta fórmula constitucional reposan los derechos fundamentales de las personas [Leer más]


19 Marzo 2019

La tensión entre la jurisdicción constitucional y los órganos legislativos

El modelo de democracia constitucional genera una tensión entre la jurisdicción constitucional y los órganos legislativos como consecuencia de las funciones interpretativas y decisorias asumidas por los tribunales. Esta tensión mantiene vigente la polémica sobre quién debe ser el guardián de la Constitución, pues, tal y como señalé en mi artículo anterior, las constituciones iberoamericanas “se encuentran permeadas de principios y valores que permiten al órgano constitucional asumir una función de legislador positivo” (“La discusión inacabada entre Kelsen y Schmitt”, 16 de enero de 2019), lo que genera su conceptualización como un “poder constituyente permanente” (Pegoraro: 2013) [Leer más]

16 Enero 2019
La discusión inacabada entre Kelsen y Schmitt

En la actualidad es indudable que Kelsen ha sido el gran triunfador en la polémica sostenida contra Schmitt sobre quién debe ser el defensor de la Constitución. Y es que, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, como es el caso de la República Dominicana, el constituyente ha preferido adoptar la jurisdicción constitucional concentrada en un órgano ad hoc creado esencialmente para “asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales” (Kelsen, 109). Es decir que se ha optado por aplicar las ideas kelsenianas sobre el guardián de la Constitución, incorporando un tribunal constitucional para garantizar la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. En palabras del Tribunal Constitucional dominicano, el objetivo esencial de estos órganos consiste en “sancionar las infracciones constitucionales” (TC/0173/18 del 18 de julio de 2018) [Leer más]

12 Enero 2019
La presunción de constitucionalidad de las leyes

A partir de la reforma constitucional de 2010 se reconoce expresamente el principio de supremacía constitucional y su valor como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. En efecto, conforme el artículo 6 de la Constitución, “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. De este artículo se desprende claramente que los preceptos constitucionales tienen una jerarquización superior y de aplicación preferente en el sistema jurídico, de modo que la validez de todas las reglas jurídicas, independientemente de su naturaleza, ya sea pública o privada, interna o internacional, se encuentra sometida a la observación del orden constitucional. Es por esto que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución”  [Leer más]