(​18.09.2014)


Durante estos días he tenido la oportunidad de analizar las diversas discusiones que se han generado en torno a las observaciones realizadas por el Presidente Danilo Medina al proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda.  Argumentos que han permitido profundizar sobre la falta de razonabilidad del proyecto, toda vez que en palabras del jurista Cristóbal Rodríguez,  “existen otras alternativas que resultan menos invasivas de los legítimos derechos de los propietarios de los terrenos ubicados en la zona” y, por otro lado, como contrargumento, sobre  la subjetividad de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo por constituir “una decisión meramente política” arropada por “un sistema jurídico-institucional excluyente, machista, racista, católico”, que fue lo precisado por el jurista Aselmo Muñiz y posteriormente, reafirmado por Jaime Ramírez. Ahora bien, sin deseos de abundar sobre la razonabilidad o no del proyecto de ley o, en su defecto, si la decisión del Presidente fue meramente política por no tomar en cuenta las “demandas populares”, considero prudente debatir un tema que a mi entender resulta aún más preocupante, que es lo denominado por el joven jurista Bartolomé Pujals como el “constitucionalismo Prêt-à-porter” o el “constitucionalismo antipopular”.

Para Pujals el constitucionalismo antipopular “tiene la característica sistemática de favorecer a aquel que tenga la capacidad de agenciarlo”, catalogando dentro de esta ideología al profesor Eduardo Jorge Prats, toda vez que “sus interpretaciones judiciales solo favorecen a las elites”. En ese sentido, es posible señalar, sin temor a equivocarme, que Pujals ha inobservado a fin de sustentar su hipótesis, los diversos artículos del profesor Jorge Prats mediante los cuales éste ha enfrentado a las minorías a través de interpretaciones que garantizan la supremacía de la Constitución y los principios esenciales en los cuales se sustenta; artículos que han sido el resultado de “interpretaciones populistas” que se encuentran sometidas a los instrumentos técnicos-jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico. Es por tal razón, que resulta contradictorio el hecho de catalogar como “constitucionalista antipopular” a los juristas que propugnan por la garantía de los derechos de todos –incluyendo las minorías y las mayorías populares- frente a los poderes del Estado. En efecto, no se trata de inobservar el deseo o la voluntad popular, sino que, respetando los limites constituciones, se debe impulsar a un Derecho Constitucional de la efectividad, es decir, a un Derecho Constitucional de la lucha contra la pobreza, que haga realidad en nuestro país el Estado Social que la Constitución misma proclama y que la ciudadanía en reiteradas ocasiones ha reclamado[1].

En su artículo “Loma Miranda y el Constitucionalismo Prêt-à-porter”[2], Pujals intenta a través de las discusiones suscitadas en torno al proyecto de ley que declara Parque Nacional Loma Miranda, dar una respuesta a los debates que han surgido como respuesta a la combinación entre el principio democrático y el principio de Estado de Derecho, señalando que “el populismo es la búsqueda de una democracia deliberativa en las que sus decisiones sean las mejores y aquellas que son tomadas como consecuencia de la reflexión ciudadanía, particularmente de esa que constituye la mayoría y que por el tipo de democracia elitista y proyeccionista del sistema capitalista que tenemos en Latinoamérica, favorece a los que más tienen y no responde a las más sentidas necesidades del pueblo”. De ahí que Pujals al igual que Muñiz, parten de la idea desarrollada por Schmitt de que “la democracia puede ser realizada en la identificación del pueblo con un líder popular y carismático, en una forma más perfecta que en el estado de derecho”. Este razonamiento debe ser cuidadosamente estudiado, toda vez que como bien ha señalado Platón, “allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, ya veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, yo veo la salvación de la ciudad”. Y aunque la afirmación señalada anteriormente pueda ser criticada como extremista, no hay dudas de que un gobierno sin leyes y dejado en manos simplemente de la voluntad del pueblo, es un gobierno destinado, a final de cuentas, a limitar las libertades y los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos; y, sí esta afirmación no es cierta, ¿cómo le podemos llamar a la situación que actualmente vive Venezuela? De ahí que no es cierto que a través de las discusiones generadas entre Muñiz y Jorge Prats se esté satanizado el populismo como “una forma de hacer resistencia al cambio de paradigma” y por consiguiente, el desarrollo de un constitucionalismo antipopular, sino todo lo contrario, Jorge Prats advierte de los efectos de un populismo anticonstitucional, mediante el cual se instaure lo que Fareed Zakaria ha denominado como una “democracia iliberal” caracterizada por un modelo democrático que no se encuentra sujeto a los límites constitucionales, lo que puede provocar, sin duda alguna, la instauración de lo que Juan Bosch una vez advirtió, “una dictadura con respaldo popular”.

Es por tal razón, que entendemos que todas las actuaciones de los poderes públicos, incluyendo aquellas actuaciones impulsadas por “la voluntad popular”, deben estar sujetas a los límites constitucionales consistentes en el principio de legalidad, la libertad de empresa, el principio de seguridad jurídica y, sobre todo, debe obedecer a criterios de razonabilidad. De ahí que en palabras de Zagrebelsky, “los hombres y los juristas inflexibles y sin matices no se compadecen bien con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo. Su presencia, además de ser fuente de fragilidad y emotividad, constituye un potencial un potencial de asocialidad, agresividad, autoritarismo y, en fin, no solo de inconstitucionalidad, sino también de anticonstitucionalidad”. Es por tal motivo, que debemos ser precavidos y no caer en un populismo absoluto caracterizado por la carencia de controles constitucionales, sino propugnar por un Estado Social y Democrático de Derecho que garantice los derechos fundamentales de todos los individuos en la lógica de un sistema democrático, donde el poder constituyente recae sobre la soberanía nacional, pero en el que el pueblo no es entendido como un macro-sujeto dotado de una omnímoda voluntad general unitaria.  


[1] Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Volumen I. Santo Domingo: Ius Novum. Año 2013. Cuarta edición. p. 86.

[2] Artículo publicado en el periódico Hoy. Disponible en: http://hoy.com.do/loma-miranda-y-el-constitucionalismo-pret-a-porter/, última visita 17 de septiembre de 2014.

Control Constitucional de la voluntad popular: una respuesta al populismo anticonstitucional