(06.12.2013)


Durante los últimos años, el modo de producción capitalista ha sufrido grandes transformaciones debido al proceso de cambio socio económico y político que ha desarrollado la globalización, en respuesta a una multiplicidad de vínculos e interconexiones que se han suscitado entre los Estados y las sociedades que construyen el actual sistema mundial. El fenómeno de la globalización ha transformado los medios de hacer comercio, exigiendo la implementación de nuevos mecanismos apegados al libre comercio, al movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera, y sobre todo al desarrollo de la tecnología de las comunicaciones; es por esto, que la globalización ha impuesto la necesidad de formar bloques regionales para fortalecer la participación a nivel internacional de las naciones en el comercio, con el objetivo de desarrollar una integración económica, delimitando los limites geopolíticos y económicos entre los que proporcionan, suministran y originan la información, democratización el acceso de los países y las personas al conocimiento y los mercados globales; y sobre todo la necesidad de desarrollar interconexiones directas en los sistemas críticos de comercio y sus componentes claves, clientes proveedores, distribuidores y empleados que posibiliten el desarrollo de un comercio electrónico.

El rápido desarrollo de la tecnología de la información y la transformación del comercio debido al desarrollo de la globalización, han permitido la incorporación del comercio electrónico, el cual ha transformado todos los tipos de actividad económica, desde el desarrollo y la manufactura, hasta la gestión y administración en información digital[1].

El comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, es decir, es toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más documentos digitales o mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial, comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones[2]:

  • Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes, servicios o información;
  • Todo acuerdo de distribución; - Toda operación de representación o mandato comercial;
  • De compra de cuentas por cobrar, a precio de descuento (factoring);
  • De alquiler o arrendamiento (leasing);
  • De construcción de obras;
  • De consultoría;
  • De ingeniería;
  • De concesión de licencias;
  • De inversión;
  • De financiación;
  • De banca y de seguros;
  • Todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público;
  • De empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; y,
  • De transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea o por carreteras.


Según los estipulado por el señor Carlos Vera Quintana, presidente ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico, “el comercio electrónico es ante todo una actividad comercial. Lo de “electrónico” se refiere simplemente a los medios”[3], en función de esto, podemos establecer que el comercio electrónico no sólo se trata de facilidades establecidas por las tecnologías de la comunicación, sino que es una oportunidad de intercambio de bienes y servicios de toda índole de forma sencilla, masiva, a un costo reducido y en un tiempo récord, permitiendo así el desarrollo del comercio de una manera fluida y concreta. El comercio electrónico es la conducción de actividades de negocios compra, venta y transacciones de todo tipo, por medio de comunicaciones y tecnología de computadoras; este contiene diversas particularidades de las cuales podemos distinguir, la transnacionalización de sus efectos, es decir, que los límites políticos y geográficos no tienen significado para los entornos digitales; la ausencia de grandes barreras de entrada, posibilitando el surgimiento de organizaciones virtuales o el ofrecimiento de bienes y servicios a tráves de Internet por parte de empresas que no están sujetas a ciertos controles o que no cuentan con patrimonio para responder por algún perjuicio causado; el sistema de resolución de disputas, la adecuación de las legislaciones, es decir, la necesidad de incorporar los conceptos y de adecuar las legislaciones para el medio digita; y por último, la elaboración coordina de principios sobre la materia a escala internacional[4].

El comercio electrónico contiene un conjunto de ventajas, que permite el desarrollo del comercio de una manera sostenible y más práctica, empero, estas ventajas van a depender en gran medida de que el mismo este supeditado a un marco jurídico adecuado que funcione eficientemente en entornos digitales y que permita la generación de confianza al público consumidor, para Toby C. Monsod, subsecretaria del Ministerio de Comercio e Industria de Filipinas, esto representa una de las principales desventajas del comercio electrónico, ya que “debido a la rapidez de los cambios tecnológicos y al ámbito fundamentalmente internacional del tema, el comercio electrónico escapa a un eventual control nacional. Por consiguiente, las leyes que los países se obstinen en promulgar por separado serán, con toda posibilidad, incoherentes”. Sin embargo, existen diferentes mecanismos para establecer la seguridad jurídica en el comercio electrónico y sobre todo desarrollar confianza en el público consumidor, a través de medios de protección tales como la firma digital.

Desde una esfera o concepción general la firma es definida como: el trazo, titulo o grafico que un individuo escribe a mano sobre un documento  con la intención de conferirle validez o de expresar su conformidad. La firma tiene como objetivo fundamental identificar al creador o destinatario del documento. A través de esta, es posible verificar la integridad de los datos contenidos; es decir, que la firma nos permite identificar a una persona, dar constancia de la participación personal de esa persona en el acto de firmar y poder asociar a esa persona con el contenido de un documento. En caso del comercio electrónico, la firma juega su papel preponderante como un mecanismo de individualización y protección de los individuos en las actividades de carácter informático.

Con el surgimiento del comercio electrónico, muchos países buscaron a través de su poder legislativo la emisión de mecanismos de protección y regulaciones de estos medios. Nuestro país al igual que muchos otros, se amparó en su fuerza legislativa y en el año 2002 se promulgó la Ley 126˗02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, con el fin de dotar a la Republica Dominicana con el marco legal adecuado y suficiente que el comercio de carácter electrónico requiere para su funcionamiento, complementando las normas de derecho vigente en materia civil, comercial y administrativa, al brindar el adecuado reconocimiento legal a las transacciones en formato digital, y adoptar medidas que permitan identificar en forma concreta a las personas que intervienen, con el propósito de reconocer derechos y obligaciones, así como garantizar su valor probatorio.[5] Como hemos establecido anteriormente, la República Dominicana a diferencia de otros países se ha incluido en una misma ley tanto lo relativo a los aspectos generales del comercio electrónico como los relativos a las firmas digitales y entidades de certificación

La normativa Dominicana en este tema consta de dos elementos de carácter normativo, el primero es la Ley 126-02 que desarrolla los elementos principales dentro de los cuales podemos mencionar las denominaciones técnicas, los elementos regulados por la misma, los procedimientos de concesión, transferencia y revocación de licencias de Entidades Certificadoras, como también los deberes y obligaciones de los suscriptores a la misma, etc; y en un segundo plana pero no menos importante tenemos el reglamento 335˗03 con un conjunto de normas complementarias que tienen como objetivo principal llenar los posibles vacios jurídicos que pudo dejar la Ley 126˗02.

La Firma Digital en el ordenamiento jurídico Dominicano:

La Ley 126˗02 define la firma digital como “un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculando a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuado la transmisión”[6]. Esta ley tiene como objetivo garantizar que la firma digital tenga el mismo valor, fuerza y efectos de carácter jurídico que una firma manuscrita, siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos de validez establecidos por dicha ley y el reglamento.

Existen dos tipos de firma, las firma manuscrita que es aquella trazada sobre una base modificable (dígase papel) en la cual el creador realiza una serie de trazos característicos y propios; y, por otro lado, encontramos la firma digital, que es creada a través de una aplicación tecnológica. La diferencia primordial entre ambas firmas, es que la firma digital, aparte de las atribuciones que esta contiene por ser una firma como tal, tiene la capacidad de garantizar su confiabilidad y autenticidad, y sobre todo permite comprobar, con mayor fiabilidad técnica, la identidad del autor de una firma digital que acompaña a un documento, en cambio una firma manuscrita falsificada a la cual haya que hacerle un proceso de inscripción en falsedad, el proceso técnico se convierte en un proceso más complicado[7]. En el artículo 31 de la Ley 126-02 establece un conjunto de atribuciones que debe contener la firma digital, que permite la protección del usuario en un comercio electrónico, y sobre todo le otorga la misma fuerza y efecto que el uso de una firma manuscrita, entre esas atribuciones podemos establecer:

1. Es única a la persona que la usa;
2. Es susceptible de ser verificada;
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa;
4. Está ligada a la información, documento digital o mensaje al que está asociada, de tal manera que si estos son cambiados, la firma digital es invalidada;
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Evidentemente, con estas atribuciones el legislador busca alentar y fomentar la utilización de cualquier técnica que constituya un método apropiado y fiable, que pueda sustituir a las firmas manuscritas y a otras firmas sobre papel.  Empero, aparte de estas atribuciones contenidas en nuestra ley, podemos establecer otras atribuciones que son esenciales para el buen funcionamiento de la firma digital, y para garantizar la protección de estas firmas a los usuarios, entre esas atribuciones, consagradas en la legislación alemana, podemos destacar “que la firma digital es un sello creado con  una clave privada de firmas sobre información digital, y que tal sello permite, mediante el uso de la clave pública asociada rotulada por un certificada de clave de un certificador, o de una Autoridad, que sean verificados el propietario de la clave de la firma y el carácter de no falsificado de la información”[8], es decir, que, en este caso, una firma digital se considera con la misma validez jurídica que una firma manuscrita siempre y cuando haya sido rotulada por un certificado de clave pública, y debe ser verificada por una autoridad que certifique que la información n oes falsificada y que además de fe de la autenticidad de la firma digital. Por otro lado, la Directiva de la Comunidad Europa engloba estas atribuciones en cuatro características primordiales[9]:

1. Estar vinculado al signataria de manera única;
2. Permitir la identificación del signatario;
3. Haber sido creada por medios que el signatario pueda mantener bajo su exclusivo control; y,
4. Estar vinculada a los datos relacionados de modo que se detecte cualquier modificación ulterior de los mismos.

La firma digital recoge un conjunto de principios que han sido establecidos tradicionalmente por la doctrina respecto a los fundamentos jurídicos que deben regir una transacción de comercio electrónico, entre esos principios, podemos mencionar el principio de integridad, el principio de autenticidad, el principio de repudio, entre otros.

Tipos de Firma Digital:

Actualmente la normativa legal Dominicana hace mención de tres tipos de  firmas digitales. La primera es la firma digital segura que se encuentra configurada en el artículo 32 de la ley 126-02 el cual versa de la siguiente forma: “Una firma digital segura es aquella que puede ser verificada de conformidad con un sistema de procedimiento de seguridad que cumpla con los lineamientos trazados por la presente Ley y por su Reglamento.” En un segundo plano habla sobre los mensajes de datos firmados digitalmente y los define como: “Se entenderá que un mensaje de datos ha sido firmado digitalmente, si el símbolo o la metodología adoptada por la parte, cumple con un procedimiento de autenticación o seguridad establecido por el Reglamento de la presente Ley.”[10] Por último, tenemos los documentos digitales firmados digitalmente, esto se entiende un documento digital ha sido firmado digitalmente por una o más partes si el símbolo o la metodología adoptada por cada una de las partes cumplen con un procedimiento de autenticación o seguridad establecido por el reglamento de la presente ley. Cuando una o más firmas digitales hayan sido fijadas en un documento digital, se presume que las partes firmantes tenían la intención de acreditar ese documento digital y de ser vinculadas con el contenido del mismo[11].

Tutela y Administración de Firmas Digitales:

Para hablar de la firma digital y entenderla a cabalidad, debemos resaltar los objetivos o finalidades de las denominadas Entidades de Certificación. La ley en su artículo 2 literal k, define las Entidades de Certificación como “una institución o persona jurídica que, facultada conforme a la presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales”. En función a esta definición podemos aportar que dichas Entidades de Certificación juegan un papel fundamental para la seguridad de los individuos relacionados al comercio electrónico, a través de la protección de los datos y la capacitación de sus suscriptores para la utilización adecuada de las firmas digitales.

Dentro de las obligaciones principales de las Entidades de Certificación podemos resaltar la obligación de emitir certificados, la implementación de sistemas de seguridad eficaces que garanticen el buen desenvolvimiento de sus suscriptores, garantizar la confidencialidad y el debido uso de la información suministrada por el usuario. Nuestra legislación define los certificados como “El documento digital emitido y firmado digitalmente por una Entidad de Certificación, que identifica unívocamente a un suscriptor durante el periodo de vigencia del certificado, y que se constituye en prueba de que dicho suscriptor es fuente u originador del contenido de un documento digital o mensaje de datos que incorpore su certificado asociado.”[12] Los certificados pueden ser suspendidos o revocados, así lo establece la ley 126-02 en su artículo 48. El efecto principal de la suspensión y revocación de un certificado es la cesación temporal de los efectos jurídicos del mismo.

Las Entidades de Certificación, también cumple con otra función que es la de registrar los datos generales de los suscriptores. El reglamento 335-03 establece que estas Entidades de Registro tiene las siguientes funciones: Identificar y autentificar a los suscriptores, validar los datos de los mismos y garantizar la protección de estas informaciones dadas por el suscriptor.

Finalmente, debemos resaltar que aún con el rápido crecimiento de las redes sociales, y de los mecanismo contemporáneos para la ejecución de los negocios, que limitan cada vez más las barreras geopolitícas y económicos, proporcionando el desarrollo sostenible de la información, existen personas que aún no manejan las ventajas que puede generar el desarrollo de un negocio a través del comercio electrónico. En tal sentido, es preciso señalar que el comercio electrónico actualmente, es un instrumento de protección para el usuario, toda vez que permite garantizar la ejecución de operaciones confiables y seguras a un tiempo récord. Por lo que, como bien ha señalado el pórtal de The Next Web, que anuncia el lanzamiento de la última herramienta de mediación de la empresa de Seattle Simply Measured, más del 40% de la empresas de Interbrand, que administran las 100 marcas mas importantes del mundo, ya tienen presencia en la redes sociales, especialmente en Instagram, y consagran mecanismo para facilitar a los usuarios el consumo de la marca a través de transacciones en el comercio electrónico.

 

[1] Veáse: Towards the age of the Digital Economy For Rapid Progress in the 21 Century, documental realizado por el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón. Plasmado en la revista Forum de Comercio Internacional 1/2001.

[2] Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, documento y firma digital, Art. 2.

[3] Veáse: El Comercio electrónico en los países en desarrollo. Revista Forum de Comercio Internacional, publicación del Centro de comercio Internacional UNCTAD/OMC, edición 1/2011. Pág. 15.

[4] Alvarez Sarria, María Waleska. Análisis del Proyecto de Ley de Comercio electrónico de la República Dominicana. Santo Domingo, Julio 2001. Pág. 5.

[5] Decreto 335’03, Reglamento para la aplicación de la ley 126˗02.

[6]  Ley 126˗02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, literal i.

[7] Jijena Leiva, Renato. Impuestos, Firmas electrónicas y certificados digitales. Revista electrónica de Derecho Informático. Emitida en la ciudad de Chile, en  julio 2003.

[8] Ley de Firma Digital de la República Federal Alemana. Art. 2, numeral 2.

[9] Alvarez Sarria, María Waleska. Análisis del Proyecto de Ley de Comercio electrónico de la República Dominicana. Santo Domingo, Julio 2001. Op. Cit. De la  Directriz Europea sobre Firmas Digitales, Artículo 2, literal a, b, c, d.

[10] Ley 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, art. 33.

[11] Ley 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, art. 34.

[12] Ley 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, art. 2, literal l.

El Comercio Electrónico y la Firma Digital