(14.10.2013)


Durante los últimos años, en nuestro país se han desarrollado diferentes manifestaciones sociales protagonizadas especialmente por los jóvenes, quienes han elevado sus voces con amparo de los avances de las ciencias y tecnologías, concientizando a la población a un pensamiento lógico en beneficio de sus derechos fundamentales. En tal sentido, hemos observado grandes manifestaciones que han logrado sensibilizar las posturas sostenidas por los funcionarios y entes públicos, verbigracia la conflagración contra las instalaciones de la cementera en los predios del Parque Nacional de los Haitises, que acarreó la suspensión de los trabajos de construcción, así como también la inagotable protesta a favor de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a favor de la educación, cuantía que ha sido ordenada por ley.

Es evidente que la población ha determinado resguardar sus derechos fundamentales a través de las manifestaciones sociales, que en mucho de los casos tienen un desenlace positivo. No obstante, estas manifestaciones implican un esfuerzo constante y una duración imprecisa, que mayormente es percibida por los funcionarios y entes públicos de un modo erróneo. Debido al empeño de los diferentes movimientos de hacer elevar sus voces y denunciar los atropellos realizados a sus derechos fundamentales, simplemente a través de las manifestaciones sociales, se ha omitido una magistratura denominada por el filósofo José Ortega y Gasset como “el inspector de la unanimidad”, que es distinguido en el ámbito iberoamericano como el “ombudsman” como término englobador o federativo, y personificado en diferentes países como el Procurador del Ciudadano, Provedor de Justiça , Defensor de los Habitantes , Procurador de los Derechos Humanos , Médiateur de la République , Síndic de Greuges , y como es conocido en nuestra legislación, Defensor del Pueblo.

La ley núm. 19-01 de fecha 9 de enero de 2001 introduce la institución del Defensor del Pueblo en el ordenamiento jurídico dominicano. Empero, esta figura es constitucionalizada a través de la Constitución de fecha 26 de enero del año 2010, la cual consagra en sus artículo 191 que es función esencial del Defensor del Pueblo “contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos”. Es decir, que el Ombudsman general o Defensor del Pueblo, es una institución independiente, de control no jurisdiccional, que tiene encomendada la doble misión de velar por los derechos fundamentales y controlar el buen funcionamiento de todas las Administraciones públicas. Es un órgano independiente ya que la misma Constitución establece que “el Defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaría”, y por tanto, debe actuar con apego a la Constitución y las leyes, atesorando como característica principal la neutralidad.

El Defensor del Pueblo está facultado para vigilar y supervisar la actividad de la administración pública y las privadas prestadoras de servicios públicos, requiriendo un funcionamiento correcto de parte de estás[10], tiene el alcance y la obligación específica de atender y tramitar las quejas que recibe directamente de los ciudadanos en los casos de vulneración de los derechos fundamentales o de supuesta mala administración, además de poder actuar por iniciativa propia[11]. Por lo tanto, éste actúa como un mediador, que se caracteriza por su condición nada formalista, gratuita y de gestión ágil, que les faculta a los ciudadanos de un instrumento de investigación y de un mecanismo para desarrollar demandas colectivas bien fundadas. En esto radica la importancia del funcionamiento del Defensor del Pueblo en un Estado social y democrático de derecho, que les permite a los ciudadanos elevar sus voces y evitar las injusticias cometidas por los funcionarios y entes públicos, a través de una institución que es opuesta a todo mandato representativo, cargo político, servicio activo en cualquier Administración pública, afiliación o partido político, sindicato o incluso asociación o fundación, con el ejercicio de las carreras judiciales y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

Al momento en que sea materializada la figura del Defensor del Pueblo, los ciudadanos podrán elevar sus quejas ante esta institución, y denunciar los atropellos realizados por la Administración Pública. El Defensor del Pueblo podrá investigar los siguientes casos:


  • (a) Actos administrativos opuestos a la ley o reglamento;


  • (b) Acciones u omisiones arbitrarias, injustas, irrazonables, ofensivas, discriminatorias, por parte de entes de la administración pública o de personas físicas o morales que presten servicios públicos;


  • (c) Lo realizado de forma errónea.


No obstante, inmediatamente el Defensor del Pueblo está facultado para supervigilar las actuaciones de la administración pública, estos casos deberán ser considerados meramente enunciativos y no limitativos, tal y como establece el párrafo del artículo 17 de la ley que crea al Defensor del Pueblo. Aunque los trabajos del Defensor del Pueblo suponen la tramitación de las quejas enviadas por los ciudadanos, y una buena cantidad de investigaciones puntuales, éste está facultado para interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes aprobadas por el Congreso Nacional, ya que la ley no se lo prohíbe. El Defensor del Pueblo al hacer uso de esta facultad se transforma en “Defensor de la Constitución frente al poder legislativo, no ya sólo al reafirmar su autonomía contra cualquier mandato administrativo o incluso instrucciones de cualquier autoridad que preste servicio público, sino que da un paso más y se rige de fiscalizador de la legitimidad constitucional de una ley emanada del Congreso, que asuma o representa la soberanía nacional”. Es por tanto, que las atribuciones del Defensor del Pueblo se configuran con un notable carácter de generalidad, desde la defensa de los derechos e intereses de los habitantes, hasta la encomienda de velar por la legitimidad constitucional, y el respeto a los tratados internacionales y las leyes.

La Constitución de fecha 26 de enero de 2010 al otorgarle el rango de disposición constitucional a la figura del Defensor del Pueblo ha reforzado sus estatutos, y lo ha protegido de los posibles ataques del legislador; no obstante, esta figura ha sido omitida por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de proponer las ternas al Senado, que tiene a su vez la responsabilidad de elegir al Defensor del Pueblo y sus adjuntos por un período de seis años. En nuestro país es evidente la necesidad de instaurar la magistratura del Defensor del Pueblo, ya que este se ha manifestado universalmente como un instrumento para completar la labor garantizadora que llevan a cabo los procedimientos actuales.

En España, por ejemplo, la figura del Defensor del Pueblo ha sido un instrumento para que los ciudadanos puedan establecer recursos de inconstitucionalidad y nulidad. En fecha 14 de octubre del 1983, el Defensor del Pueblo incorporó un recurso de inconstitucionalidad contra el inciso "más representativas, de conformidad con la Disposición adicional sexta de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores", contenido en el capítulo o4, art.48, concepto 483, del Anexo iii, Sección 19 (trabajo y seguridad social), Servicio 01, de la Ley de Presupuestos Generales del estado para el 1983. Este recurso de inconstitucionalidad incoado por el Defensor del Pueblo español acarreó la sentencia núm. 20/1985 emitida el 14 de febrero del 1985, mediante la cual el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el inciso "más representativas, de conformidad con la Disposición adicional sexta de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores”.

En los países latinoamericanos, la figura del Defensor del Pueblo representa un mediador para garantizar la legitimidad de la Constitución y la tutela judicial de los ciudadanos, ya que éste se convierte en portavoz de las manifestaciones sociales, y procesa las querellas realizadas por los ciudadanos en las cuales se encuentran involucradas las funciones de la administración pública. Por tal razón, es necesario que nos enfoquemos a exigir la instauración del Defensor del Pueblo, otorgándole prioridad sobre las manifestaciones recientes, debido a que este puede facilitar que dichas manifestaciones tengan un mayor efecto en la conciencia de los funcionarios y entes públicos, y en consecuencia, una mayor eficacia al momento de la reivindicación del derecho vulnerado.

Por otro lado, el procedimiento para someter una querella por ante el Defensor del Pueblo, es mucho más sencillo, práctico, y eficaz, ya que las reclamaciones y quejas pueden ser formuladas por escrito, verbalmente o por cualquier medio, y sobre todo el procedimiento está libre de tributos[18]. A continuación un gráfico del proceso de tramitación de las quejas o reclamaciones por parte de los ciudadanos:


Bibliografía:

Ley General de Educación núm. 66-97 de fecha 4 de febrero de 1997.

Constitución de la República Dominicana de fecha 26 de enero de 2010.

Ley núm. 19-01 que crea el Defensor del Pueblo de fecha 9 de enero de 2001.

Mora, Antonio; El Libro del Defensor del Pueblo.

Recurso núm. 1/1983, interpuesto el 14 de octubre contra el inciso "más representativas, de conformidad con la Disposición adicional sexta de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores", contenido en el capítulo o4, art.48, concepto 483, del Anexo iii, Sección 19 (trabajo y seguridad social), Servicio 01, de la Ley de Presupuestos Generales del estado para el 1983.

Sentencia 20/1985, de 14 de febrero, dictada en el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo. Voto particular que formula el Magistrado Francisco Rubio Llorente.

El Defensor del Pueblo: figura esencial para el ordenamiento jurídico