(23.12.2016)


Para evitar especulaciones e interpretaciones erradas sobre el término “incentivo perverso”, debemos advertir que nos referimos a los efectos no deseados que se generan al adoptar una medida, es decir, al resultado inesperado de un incentivo. De manera que a continuación analizaremos las consecuencias imprevistas que a nuestro entender surgen con el precedente sentado en la sentencia TC/0521/16 del Tribunal Constitucional.  

A principios de este año escribimos un artículo sobre la potestad excepcional de los tribunales constitucionales para anular sus propias decisiones. En resumen, señalamos que si bien las decisiones constitucionales son inimpugnables, el Tribunal Constitucional puede aplicar excepcionalmente una tutela judicial diferenciada a los fines de adoptar medidas idóneas para garantizar la supremacía de la Constitución y evitar decisiones írritas que constituyan precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado (véase: “La potestad excepcional del Tribunal Constitucional para anular sus propias decisiones”). El análisis realizado en ese artículo parte de los precedentes sentados por la Corte Constitucional de Colombia y su homólogo peruano, mediante los cuales se reconoce la potestad nulificante como un trámite excepcional que busca garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica.

En fecha 17 de noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0521/16 que declara jurídicamente inexistente un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia que inadmite una acción directa de inconstitucionalidad. Con esta decisión el Tribunal Constitucional cierra la posibilidad de poder revisar excepcionalmente sus propias decisiones porque sanciona, con una medida mayor a la nulidad absoluta, las solicitudes de revisión presentadas por las partes. Para el Tribunal Constitucional es inexistente cualquier solicitud que busca examinar aspectos de fondo de sus propias sentencias pues no se encuentra constitucional o legalmente configurado. En otras palabras, se trata de solicitudes que jurídicamente no existen, de modo que no se requiere siquiera declarar su nulidad.

A los fines de sustentar su decisión el Tribunal Constitucional acude a la tesis de la inexistencia jurídica de los actos, la cual fue elaborada por la escuela exegética francesa[1]. La doctrina francesa explica la inexistencia como una sanción distinta de la nulidad al concebir el acto jurídico como un ser vivo, que puede nacer o no nacer, estar sano o enfermo. El acto que no ha nacido sería inexistente y el que nace enfermo es nulo o anulable[2]. De manera que un acto es inexistente cuando no cumple con las solemnidades necesarias para ser viable jurídicamente. La teoría de la inexistencia de los actos no se encuentra configurada en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que podemos afirmar, partiendo del análisis efectuado por el Tribunal Constitucional para desconocer su potestad nulificante, que dicha teoría carece de elementos esenciales para su aplicación, como es su configuración legal o constitucional.

Pero más aún, es importante aclarar que la Suprema Corte de Justicia no reconoce la teoría de la inexistencia jurídica como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0521/16, sino que se refiere a la inexistencia como sinónimo de la nulidad absoluta de las decisiones que carecen de motivación. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia señala que la sentencia que acusa un manifiesto déficit motivacional es indefectiblemente un acto inexistente, también explica que esa falta de motivación “conlleva inexorablemente la nulidad de la sentencia” (véase: Sentencia de fecha 10 de octubre de 2012). Lo mismo ocurre en la Sentencia de fecha 17 de octubre de 2012, donde ésta establece nuevamente que “el incumplimiento de la motivación clara y precisa de las decisiones entraña de manera ostensible la violación al derecho de defensa, del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, lo cual conlleva la nulidad de la sentencia”[3].

 Así las cosas, es evidente que la Suprema Corte de Justicia no consagra la teoría de la inexistencia jurídica en sus decisiones, sino que sanciona con la nulidad absoluta a aquellas sentencias que carecen de motivación. Es decir que la inexistencia es consagrada en nuestro ordenamiento jurídico como un equivalente conceptual de la nulidad absoluta. Y es lógico, pues la Ley No. 834 de 1978 sólo consagra la figura de la nulidad como sanción genérica a las irregularidades que poseen los actos. Esta nulidad puede ser absoluta cuando las condiciones impuestas por la ley son esenciales y tendentes a proteger el interés general, el orden público o las buenas costumbres, y relativa en aquellos casos en que se sanciona una regla destinada a proteger una parte del acto[4].

La importancia de diferenciar entre la inexistencia y la nulidad recae en los efectos jurídicos que poseen cada una de estas figuras. Un acto inexistente no es concebido, por lo que no puede ser posteriormente confirmado en caso de que sus vicios sean subsanados. En cambio, en la excepción de nulidad, el acto existe, pero posee vicios extrínsecos que generan su anulación judicial. En estos casos se requiere de un pronunciamiento judicial que declare la nulidad del acto, por lo que las partes pueden sanear los vicios antes de que se produzca su anulación.

 En la sentencia TC/0521/16 el Tribunal Constitucional incorpora la teoría de la inexistencia jurídica mediante una interpretación errada de los criterios sentados por la Suprema Corte de Justicia en torno a la nulidad absoluta de las sentencias arbitrarias. La intención del Tribunal Constitucional es legítima, pues procura desincentivar la interposición de recursos en contra de sus propias decisiones. Sin embargo, al considerar que los recursos son inexistentes, dicho tribunal blinda sus actuaciones impidiendo que de manera excepcional pueda aplicarse una tutela judicial diferenciada a los fines de garantizar la supremacía de la Constitución y el pleno goce de los derechos fundamentales. En otras palabras, a nuestro entender, se genera un incentivo perverso que puede impulsar a la materialización de medidas que no sean las más idóneas para garantizar las normas constitucionales por contener graves vicios procesales.  

El artículo 6 de la Constitución establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución”. De igual forma, los numerales 4 y 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales consagra la posibilidad de adoptar una tutela judicial diferenciada para garantizar las normas constitucionales. Estos artículos son los que facultan al Tribunal Constitucional a realizar una interpretación integral de la Constitución y, en consecuencia, establecer excepciones a las reglas, en casos muy específicos, para salvaguardar los derechos de fundamentales. En efecto, es en base a estos artículos que el Tribunal Constitucional ha reconocido la suspensión de los efectos de las sentencias de amparo sin importar que la norma expresamente señale que “la decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”[5].

Así pues, es evidente que la supuesta falta de configuración legal del recurso de revisión en contra de las decisiones constitucionales no es un argumento suficiente para desconocer la potestad nulificante del Tribunal Constitucional, máxime si ese tribunal ha realizado, en casos similares, excepciones a la norma “a los fines de tomar las medidas específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes en cada caso en particular” (TC/0073/13). De modo que si bien es cierto que el recurso no está constitucional o legalmente configurado, no menos cierto es que el Tribunal Constitucional puede arrogarse facultades consideradas implícitas respecto de su competencia a los fines de garantizar el orden constitucional, sin que éstas estén expresamente reconocidas en el marco normativo. De hecho, la adopción de la tesis de la inexistencia jurídica es un ejemplo del margen de actuación que posee el juez constitucional, pues dicha figura no estaba configurada en nuestro ordenamiento jurídico.

En síntesis, entendemos que es más peligroso considerar inexistente un recurso o una solicitud que procura evitar la materialización de decisiones con graves vicios procesales, que reconocer la potestad nulificante del juez constitucional en casos muy excepcionales donde existan condiciones “ostensibles, probadas, significativas y transcendentales, es decir, que tengan repercusiones sustanciales y directas en la decisión o sus efectos”. Y es que la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional no está condicionada a la aplicación de la norma, sino que éste tiene la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución y salvaguardar los derechos fundamentales de las partes. De modo que el Tribunal Constitucional puede adoptar las medidas específicas que considere necesarias en cada caso en particular, aunque eso conlleve la revisión en casos excepcionales de sus propias decisiones.

Finalmente, es importante señalar que la potestad nulificante de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional de Perú ha sido concebida jurisprudencialmente. En ambos países la norma consagra la vinculatoriedad y la irrevocabilidad de las sentencias constitucionales, sin embargo, dichos tribunales han establecido excepciones en aquellas decisiones que generan incertidumbre por contener vicios procesales que contravienen la seguridad jurídica. Y es que una decisión no puede adquirir los efectos de cosa juzgada constitucional si posee graves irregularidades que contravienen los principios constitucionales y los derechos fundamentales de las partes. En estos casos, como bien ha juzgado la Corte Constitucional de Colombia, estamos frente a decisiones con una condición de cosa juzgada aparente que puede ser revisada y subsanada por el juez constitucional[6].  La sentencia TC/0521/16 es preocupante porque puede crear incentivos inesperados que pueden poner en juego el orden constitucional. Esto en el entendido de que la declaratoria de inexistencia de los recursos de revisión en contra de las decisiones constitucionales impide al juez valorar las razones por las cuales  se cuestiona la sentencia, de modo que no pueda verificar si se trata de un vicio procesal que genera inseguridad en el ordenamiento jurídico. Cualquier persona puede cometer un error, incluyendo los jueces constitucionales. De ahí que éstos puedan rectificar los errores cometidos en sus decisiones a los fines de garantizar el orden constitucional.

El Tribunal Constitucional posee la facultad de revisar excepcionalmente sus propias sentencias en virtud de los principios de efectividad y favorabilidad, de modo que dicho tribunal debió declarar inadmisible el recurso de revisión conocido en la sentencia analizada y, en consecuencia, establecer las condiciones excepcionales en las cuales se podrían revisar las decisiones constitucionales. Y es que, en definitiva, si el Tribunal Constitucional posee la facultad de suspender excepcionalmente las sentencias de amparo (TC/0073/13) e incorporar en nuestro sistema jurídico la tesis de la inexistencia de los actos (TC/0521/16), es evidente que puede también reconocer como una excepción de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales, la potestad de revisar sus propias decisiones, tal y como lo han reconocido sus homólogos de Perú y Colombia.


[1] Patricio Martín, Guillermo. Teoría General del Acto Inexistente. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/30/teoria-general-del-acto-inexistente-hacia-el-reconocimiento-de-la-cuasiinexistencia-en-nuestro-derecho-civil.pdf, última visita en fecha 20 de diciembre de 2016.

[2] San Martín Neira, Lilian. “La teoría de la inexistencia y su falta de cabida en el Código Civil Chileno”. En Revista Chilena de Derecho vol. 42, No. 3. Santiago de Chile, diciembre 2015.

[3] Ambas decisiones fueron citadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0521/16 de fecha 17 de noviembre de 2016, a los fines de demostrar el desarrollo de la figura de la inexistencia del acto jurídico.

[4] Estévez Lavandier, Napoleon. Ley No. 834 de 1978. Santo Domingo: Editora Corripio. p. 174.

[5] TC, Sentencia de fecha 7 de mayo de 2013, No. TC/0073/13.

[6] CCC, Sentencia de fecha 4 de noviembre de 2010, Auto No. 353/10.

El incentivo perverso de la sentencia TC/0521/16 del Tribunal Constitucional