El Tabú del debido proceso administrativo

(24.03.2014)


En la declaración final de la décima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada del 12 al 15 de marzo de 2014 en esta ciudad de Santo Domingo, las Delegaciones de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales constataron que “la normativa y supremacía jurídica de nuestras Constituciones se proyectan, entre otros ámbitos, en la vigencia directa e inmediata de los derechos y libertades fundamentales en ellas proclamadas, campo en el que la influencia de los distintos textos internacionales en materia de derechos humanos ha permitido definir un ius commune que, como núcleo básico e intangible, pertenece a todas las personas en tanto que patrimonio consustancial de la dignidad humana que las magistraturas constitucionales, con sujeción a los parámetros establecidos en sus Constituciones, tienen la obligación de garantizar”[1].  Esto quiere decir que el respeto y la sujeción de los órganos que ejercen potestades públicas a las disposiciones consagradas en la Constitución va depender de la protección efectiva de los derechos y libertades fundamentales por parte de las magistraturas constitucionales. Es por tal razón, que los Tribunales, Salas y Cortes Constitucionales deben garantizar, preservar y potenciar la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, a través del enriquecimiento de estos derechos y libertades en la medida de la evolución de sus decisiones.  No obstante, debemos aclarar que debido a la influencia de los distintos textos  internacionales, la interpretación efectuada por las magistraturas constitucionales a los derechos y libertades consagrados en la Constitución, no puede aplicarse de una manera restrictiva o inobservando la interpretación realizada por tribunales homólogos que han desarrollado las disposiciones normativas a través de normas o contenidos normativos.

De ahí que como bien lo ha efectuado, en algunas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, al momento de interpretar un derecho o una libertad fundamental, es necesario evaluar las interpretaciones efectuadas por las diversas magistraturas constitucionales, con el objetivo de consolidar la Justicia Constitucional, y sobre todo, garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Ahora bien, este análisis no puede ser desarrollado en los casos en que el Tribunal Constitucional se encierra en sus tabúes jurídicos, caracterizados por su conservadurismo procesal, y por consiguiente limita los derechos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución.

A partir de esto, es precio señalar que conforme el artículo 69 de la Constitución, el debido proceso constituye una de las garantías mínimas que el Estado debe garantizar a los particulares durante el ejercicio de sus derechos e interés legítimos. En esencia, el debido proceso establece los límites formales que deben ser analizados ex ante y ex post de un procedimiento administrativo, con el objetivo de salvaguardar las garantías mínimas de los particulares, y en consecuencia, garantizar el equilibrio entre las personas que resultan afectados en una decisión administrativa. Es por tal motivo, que el debido proceso constituye un límite al poder exorbitante que en ciertas ocasiones posee el Estado, lo que permite regular la discrecionalidad de la Administración Pública. En cuanto a este aspecto, la Corte Constitucional de Colombia ha conceptualizado en reiteradas ocasiones, el debido proceso “como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”[2].

En efecto, el debido proceso es una garantía aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (numeral 10, artículo 69), por lo que en el Derecho Administrativo, el debido proceso constituye  la sumisión de las actuaciones de la Administración Pública a un conjunto de prerrogativas, que la Administración debe respetar al momento de ejercer sus potestades. De ahí que el debido proceso administrativo constituye un instrumento para garantizar la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública, por lo que debe ser protegido en todas las actuaciones que realice la administración, con independencia de que no se trate de procedimientos sancionatorios ni resulten afectados derechos fundamentales, como ha sido el tabú desarrollado por la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional a través de las Sentencias No. 0201/13 y 0030/14. De esta manera, lo ha precisado la Corte Constitucional de Colombia al señalar que el debido proceso administrativo es “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”[3]. Es decir, que el debido proceso administrativo asegura que las actuaciones realizadas por la Administración se encuentren apegadas al principio de legalidad, y por consiguiente, resguarda el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados, toda vez que evita que la Administración  viole el ordenamiento jurídico durante un procedimiento administrativo.

En tal sentido, podemos precisar que esta garantía constituye un instrumento de prevención de los errores que usualmente comete la Administración en el ejercicio  de sus funciones, lo que contribuye, como bien señala el artículo 138 de la Constitución, a que “la Administración esté sujeta a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación”. Así como también a los principios de juridicidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de las personas, racionalidad, eficacia, publicidad de las normas y actos administrativos, seguridad jurídica, proporcionalidad, imparcialidad, independencia, relevancia, coherencia, buena fe, confianza legítima, asesoramiento, responsabilidad, facilitación, celeridad, protección de la intimidad, y ética[4]. De ahí que el derecho fundamental al debido proceso administrativo no puede estar limitado simplemente a las normas que establecen sanciones o que vulneran derechos fundamentales, sino que debe ser aplicado a todos los procedimientos de la Administración Pública que constituyen un asunto de interés para los administrados. De esta manera lo ha precisado el Tribunal Constitucional de Perú, al señalar que “el fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Marga, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional”[5].

Y es que, como bien señalan los magistrados Milton Ray Guevara y Rafael Díaz Filpo, en el voto disidente de la Sentencia No. 0030/14, “el debido procedimiento administrativo constituye una garantía, pero no se trata de un ritual que sea un fin en sí mismo, sino que, justamente, tiene un fin particular en la medida en que sirve como límite contra la eventual arbitrariedad de la administración pública en sus actuaciones. Por tanto, la exigencia de que la Administración ciña su actuación a un procedimiento previamente creado no debe ser interpretado como una exigencia puramente formalista, sino que se debe entender como una garantía de que la actividad administrativa es transparente, objetiva, participativa, y sobre todo que se realiza para garantizar el pleno respecto a los derechos de las personas que se relacionan con la administración en cuestión”. En tal sentido, el derecho fundamental al debido proceso administrativo fortalece al Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que le otorga la facultad a los administrados de regular, contribuir y velar por la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública , lo que sin duda alguna, obliga a la Administración a garantizar los derechos fundamentales de los particulares.

Esperemos que siendo el Tribunal Constitucional Dominicano el más joven de la Comunidad Iberoamericana de Justicia Constitucional, éste vaya aprendiendo de las demás magistraturas constitucionales, lo que le permita alcanzar el objetivo por el cual tanto vela su Presidente, constituir un tribunal del pueblo, un verdadero tribunal del ciudadano, donde se garanticen –no limiten- los derechos y las libertades fundamentales de los particulares. Por ahora, solo nos queda esperar que con la entrada en vigencia de la Ley No. 107-13 sobre los derechos y deberes de las Personas en sus relaciones con la Administración Pública y los Actos y Procedimientos Administrativos,  de fecha 8 de agosto de 2013, se modifique el tabú que posee el Pleno del Tribunal Constitucional con respecto al debido proceso administrativo, y en consecuencia, se consagre este principio como una garantía fundamental para asegurar  la protección del derecho fundamental a la buena Administración, que implica el respeto a los derechos a tutela administrativa efectiva, la motivación de las actuaciones administrativas, la resolución administrativa en un plazo razonable, la resolución justa de las actuaciones administrativas, la respuesta oportuna y eficaz de las autoridades, el acceso a información pública, ser oído, participar en las actuaciones administrativas, una indemnización justa, acceso a servicios públicos de calidad, presentación de quejas y reclamos, ser tratado con cortesía y respeto por las autoridades, ser representado en los procedimientos administrativos y recibir atención administrativa preferente si se es discapacitado, menor, mujer gestante o adulto mayor (artículo 4)[6].


[1] Declaración final de la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.gob.do/node/2202, última visita, en fecha 23 de marzo de 2013.

[2] CCC, sentencia de fecha 16 de diciembre de 2001, No. T-957/11.

[3] Ibídem.

[4] Jorge Prats, Eduardo. El Tribunal Constitucional y el debido proceso administrativo. Artículo publicado en el periódico hoy en fecha 7 de marzo de 2014. Disponible en: http://hoy.com.do/el-tribunal-constitucional-y-el-debido-proceso-administrativo/, última visita en fecha 24 de marzo de 2014.

[5] TCP, sentencia de fecha 16 de enero de 2012, No. 03891-2011-PA/TC.

[6] Jorge Prats, Eduardo. El debido proceso administrativo. Artículo publicado en el periódico hoy en fecha 7 de marzo de 2014. Disponible en: http://hoy.com.do/el-debido-proceso-administrativo/, última visita en fecha 24 de marzo de 20014.

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