(29.09.2014)


En el Anuario 2013 del Tribunal Constitucional, el profesor Lucio Pegoraro concluye en su ensayo sobre “la interpretación de la Constitución como modo ordinario de actualización de la Constitución”, afirmando que “no debe sorprender si, como órgano de cierre de los ordenamientos constitucionales, y artífices de la dirección política constitucional, pero también de la dirección política tout-court, los Tribunales Constitucionales han sido definidos por estudiosos de todas las partes del mundo –juristas y politólogos- como poder constituyente permanente”. En esencia, el poder constituyente comprende tanto la facultad o potencia para establecer y alterar la constitución (poder-función), como a quien lo hace (poder-persona)[1]. Es decir, que este poder consagra la potestad de crear, garantizar o eliminar una Constitución y sobre todo, señala sobre quién recae dicha atribución. En cuanto a este aspecto, debemos destacar que conforme el artículo 2 de la Constitución, “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”. De ahí que el poder constituyente recae exclusivamente sobre el pueblo, el cual lo ejerce a través de sus representantes –las cámaras legislativas -  o de manera directa a través de un referendo aprobatorio, en los casos y las formas consagradas en el artículo 272 de la Constitución.

Partiendo de la afirmación indicada anteriormente, debemos preguntarnos ¿cómo el poder constituyente que recae exclusivamente sobre el pueblo puede ser ejercido posteriormente por el Tribunal Constitucional? Es necesario aclarar que el poder constituyente se activa en dos momentos determinados: un primer momento en que se manifiesta su ejercicio mediante el acto de establecimiento de una Constitución, lo que se denomina el poder constituyente originario; y otro momento en el que se activa su ejercicio para introducir cambios en dicha Constitución, lo que se conoce como poder constituyente derivado o “constituido”, o simplemente poder de reforma[2]. De ahí que es importante diferenciar la titularidad del poder constituyente originario –generalmente conferida al pueblo-, y a quién se le atribuye o imputa el poder constituyente derivado o de reforma. Conforme el artículo 267 de la Constitución, “la reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”. De igual forma, ésta señala que podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara (artículo 269). En efecto, el poder constituyente originario ha delimitado los mecanismos para instrumentar el poder de reforma, consagrando dos sistemas esenciales: (i) el sistema del Poder Legislativo, mediante el cual se encomienda la reforma de la constitución al mismo poder constituyente originario –a través de la Asamblea Nacional Revisora-; y (ii) el sistema del referédum, que ha sido un sistema heredado de la Constitución francesa de 1958, a través de la cual se le otorga la potestad a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, de ratificar a través de un referendo aprobatorio las reformas que versen sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y de igual forma, los procedimientos de reforma instituido en la Constitución.

Ahora bien, si bien es cierto que estos sistemas son los únicos que expresamente se encuentran tipificados en la Constitución, no menos cierto es que actualmente el Tribunal Constitucional funge como tutor del poder constituyente originario frente a las decisiones tomadas por el poder de reforma. Esto debido a que el poder constituyente originario confía en el poder de reforma el desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución, a través de la promulgación de las leyes. Es decir, que como bien señala el profesor Pegoraro “una Constitución (flexible o rígida) puede ser desarrollada, integrada y, hasta cierto punto, modificada a través de legislación de desarrollo nominal, es decir, por leyes que están explícitamente previstas en la Constitución misma, o por la legislación [libre] (discrecional)”[3]. De ahí que el Tribunal Constitucional no solo se limita a garantizar la supremacía de la Constitución a través de la revisión de las legislaciones de desarrollo de mandatos constitucionales, sino que sobre todo, interpreta las disposiciones de la Constitución mediante aspectos axiológicos que permiten actualizar la Constitución a los acontecimientos  surgidos como consecuencia  de las vicisitudes humanas. Este aspecto permite que las legislaciones adoptadas por las cámaras legislativas no solo se encuentren amparadas en disposiciones constitucionales sino que además resguarden aquellos principios que hacen efectivos la protección de los derechos. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el Tribunal Constitucional no solo asegura que los mandatos constitucionales sean desarrollados en base a normas positivizadas sino que además dichas normas deben ser razonables, igualitarias y sobre todo, deben respetar los principios esenciales de un Estado Social y Democrático de Derecho. Y es que el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones subsana los errores del Poder Legislativo y reescribe aquellas normas que por omisión del poder de reforma se apartan de la voluntad esencial del poder constituyente originario.

En virtud de esto, podemos afirmar que la concepción de Dworkin de que la función del juez es únicamente encontrar las concepciones que son la base de los conceptos contenidos en las cláusulas vagas de las Constituciones, o en cambio, lo señalado por John Hart Ely de que el juez se encuentra “within the four cornes of the document”, actualmente no encuentran sustento, toda vez que el Tribunal Constitucional a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad, posee una atribución indirecta de modificación de la Constitución que le permite, incluso, crear nuevos derechos o, lo que es lo mismo, el descubrimiento de derechos constitucionalmente implícitos tras valores, principios y derechos fundamentales expresos (artículo 74.1 de la Constitución). De ahí que sin importar formalmente el papel jugado por los tribunales constitucionales en los mecanismos de revisión y de control de constitucionalidad de las normas, no debe existir ningún tipo de dudas de que “éstos contribuyen de todos modos a la transformación de los textos constitucionales, adaptándolos a las nuevas exigencias de la sociedad”[4]. Es por tal razón, que debemos destacar que tratar de comprender la Constitución sin analizar los precedentes del Tribunal Constitucional es lo mismo que tratar de comprender el antiguo testamento de la Biblia sin analizar los aspectos del nuevo testamento. Es decir, que puede inducir al lector a efectuar interpretaciones personales –como mejor le convenga- sin que éste tome en cuenta los principios y valores que se derivan de dichos derechos. Por ejemplo, es imposible determinar conforme las disposiciones consagradas en el artículo 69 de la Constitución que la garantía procesal a ser juzgado por el juez competente posee rango de derecho fundamental si no se estudia los aspectos estipulados por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia TC/0206/14, o, en cambio, no se podría determinar si una ley es justa y útil para la comunidad si no es sometida a un test de razonabilidad conforme la jurisprudencia constitucional (TC/0044/12; TC/0201/13; TC/0266/13).

En consecuencia, es evidente que como bien afirma el profesor Pegoraro, “junto a los procedimientos expresamente previstos para reformar los textos constitucionales, operan otros procedimientos de reforma, sea a través de las convenciones constitucionales o de la costumbre, además de aquellos que son producto de la legislación que desarrolla los preceptos constitucionales”. Es decir, que independientemente de la Asamblea Nacional Revisora y el referéndum aprobatorio, así como el Derecho Comparado a través de las convenciones y tratados internacionales, el Tribunal Constitucional opera como un poder constituyente de reforma permanente, el cual tiene la obligación de salvaguardar los principios esenciales encomendados por el poder constituyente originario, así como también garantizar la supremacía de la Constitución mediante la protección de sus disposiciones y sobre todo, reescribiendo sus textos a través de los precedentes constitucionales de conformidad con la evolución de la sociedad y la tecnología. De ahí que el Tribunal Constitucional actualiza las disposiciones consagradas en la Constitución a través de sus sentencias interpretativas, que les ayudan a fijar un determinado contenido a las normas que se derivan de una determinada disposición[5].


[1] Sagues, Néstor Pedro. Manual de derecho constitucional. Editorial Astrea: Buenos Aires. Año 2012. Segunda edición. p. 55.

[2] Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Volumen I. Ius Novum: Santo Domingo. Año 2013. Cuarta edición. p. 135.

[3] Pegoraro, Lucio. “La interpretación de la Constitución como modo ordinario de actualización de la Constitución”. En el Anuario 2013 del Tribunal Constitucional Dominicano. Año 2014. p. 165.

[4] Jorge Prats, Eduardo. op. cit. p. 181.

[5] Reyes-Torres, Amaury. “La dinámica de las sentencias interpretativas y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana”. Constitución, Justicia Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Librería Jurídica Internacional: Santo Domingo. Año 2014. p. 413.

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El Tribunal Constitucional como poder constituyente permanente