(20.01.2014)


Conforme el artículo 47 de la Constitución, “toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”. Esta disposición fue adoptada a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona de asociarse con otras para “promover, ejercer, y proteger sus intereses legítimos de orden políticos, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”. En tal sentido, surge la facultad de las personas de poder constituir agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos. Esta capacidad de las personas de poder colaborar conjuntamente con otras para la ejecución de una actividad en determinado, fortalece el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que contribuye con el desarrollo de una sociedad civil plural, democrática y participativa, a través de la consecución de objetivos de interés público o de beneficio para toda la sociedad, y sobre todo, mediante estas agrupaciones se consagra un resguardo de los derechos fundamentales a través de las manifestaciones sociales, que en la mayoría de los casos propician procesos de cambios democratizadores en las prácticas políticas que influyen directamente sobre las acciones de los representantes políticos. 

En ese sentido, debemos establecer que las asociaciones compuestas por la sociedad civil  permiten una participación constante de las personas en la vida comunitaria y garantizan la voluntad de la ciudadanía a través del fomento de las condiciones sociales que aseguran a la población el disfrute de los derechos y deberes que le confiere el ordenamiento jurídico, tales como aquellos derechos políticos, económicos y sociales. En cuanto a este aspecto,  es preciso resaltar que en muchas de las manifestaciones sociales realizadas en nuestro país, las asociaciones han tenido una participación fundamental para alcanzar objetivos positivos que limitan el poder discrecional que tienen los órganos del Estado. No obstante, en muchos de los casos, las asociaciones contienen un control organizacional tan amplio y genérico que no logran cumplir con sus objetivos, y sus actuaciones se disuelven en la nada, por lo que se distorsiona su finalidad, y por consiguiente, sus acciones no inciden en las decisiones públicas que afectan a la comunidad en su conjunto.

Las agrupaciones que surgen en la sociedad pueden dividirse en sociedades civiles, que son las agrupaciones que realizan actividades con un ánimo de lucro, y las asociaciones sin fines de lucro, las cuales se caracterizan por ofrecer productos o servicios, sin recibir a cambio ningún tipo de beneficio, ingreso u otras ganancias financieras. En virtud de esto, debemos aclarar que ambas instituciones, tanto las sociedades civiles o comerciales, como las asociaciones sin fines de lucro, para alcanzar sus objetivos deben implementar políticas internas de una buena gobernabilidad, con el objetivo de fortalecer la institucionalización de sus organizaciones. Sin embargo, durante el desarrollo del presente ensayo solo abarcaremos los principios esenciales para una buena gobernabilidad en las asociaciones sin fines de lucro. En cuanto a este aspecto, es necesario destacar que el Centro Europeo sobre Entidades Sin Fines de Lucro (en adelante “CEESF)”, ha consagrado que “la gobernabilidad interna es un requisito para mantener la confianza de los miembros de la organización respecto al rumbo que se ha decidido seguir con las actividades que se realizan día con día, para asegurar la relevancia social de su Misión, y para preservar una buena imagen frente a sus aliados, contrapartes, financiadores y ante la sociedad en general. Incluso es importante también para tener un posicionamiento sólido frente a quienes pueden cuestionar el quehacer de la sociedad civil”[1].

Las Asociaciones sin fines de lucro (en adelante “AFL”) pueden conceptualizarse como “las entidades jurídicas o sociales creadas para producir bienes o servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingresos, beneficio u otra ganancia financiera para las unidades que las establecen, controlan o financian. En la práctica, sus actividades productivas tienen que generar excedentes o déficit, pero los posibles excedentes que obtengan no pueden traspasarse a otras instituciones”[2]. De esta manera, lo ha consagrado la Ley No. 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana (en adelante “Ley 122-05”), al establecer en su artículo 2, que se considera como una asociación sin fines de lucro, “el acuerdo entre cinco o más personas físicas  o morales, con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social o interés público con fines lícito y que no tengas como propósito u objeto el obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociaciones”.

Por consiguiente,  podemos resaltar que las AFL son aquellas entidades jurídicas que desarrollan actividades de bien social o interés público, con el objetivo de contribuir a las distintas problemáticas que afectan a su entorno inmediato, y que sobre todo buscan incidir de manera general, en las decisiones públicas que afectan a la comunidad en su conjunto. Por tal motivo, es necesario indicar que para garantizar la finalidad de las AFL y para que éstas puedan influir de manera directa en las problemáticas de la comunidad, tienen la responsabilidad de desarrollar un marco estable y predecible entre institucionalización y flexibilidad, con el objetivo de promover un control organizacional adecuado para fomentar la credibilidad entre sus miembros y las demás instituciones a su alrededor. En tal sentido, mientras más credibilidad tenga la AFL entre la sociedad, mayor serán sus aportes al desarrollo de la comunidad, y al interés general.

La estructura de gobernabilidad interna en las AFL constituye el primer paso para la creación de un marco estable y predecible de rendición de cuentas en las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo, otorgan la confianza necesaria entre los miembros que componen a la asociación, lo que permite el fortalecimiento institucional, y la incidencia de sus actividades en las decisiones públicas. En consecuencia, las AFL al momento de desarrollar sus estatutos, no solo deben tomar en cuenta las disposiciones consagradas en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 122-05, de fecha 16 de enero de 2008 (en adelante “Reglamento de aplicación”), sino que además, deben implementar un conjunto de principios básicos para el fortalecimiento del gobierno interno de la asociación, con el objetivo de promover una mayor estabilidad organizacional y un proceso equilibrado de tomas de decisiones, que al final de cuentas, se traduce en una mayor incidencia en las actividades desarrolladas por los órganos del Estado, y las demás instituciones que componen una comunidad en determinado. Estos principios permiten una distribución eficiente de la toma de decisiones de los órganos dirigentes a fin de que el poder y los recursos de la asociación no sean distorsionados y no queden en manos de un solo individuo o grupo de miembros, permitiendo así, el desarrollo sostenible e institucional de la asociación a través de una buena gobernabilidad. En cuanto a este aspecto, debemos resaltar que el Grupo de Trabajo de Europa Central y Oriental sobre Gobernabilidad de ONG ha conceptualizado la buena gobernabilidad como el “proceso transparente de toma de decisiones mediante el cual de manera efectiva y responsable el liderazgo de una organización sin fines de lucro dirige los recursos y ejerce la autoridad con fundamento en valores compartidos”[3]. Dichos principios básicos deben estar compuestos por los siguientes aspectos:

1. La responsabilidad de la asociación ante sus comunidades.

Las AFL se diferencian de las sociedades civiles y comerciales, toda vez que son constituidas para satisfacer una necesidad de la comunidad o de sus integrantes. En tal sentido, las actuaciones de las AFL deben estar destinadas a identificar, articular, salvaguardar y promover la misión u objeto de la asociación con la finalidad de garantizar que sus acciones se encuentren estrechamente vinculadas con el bienestar de la comunidad, y sobre todo, con el interés general de sus integrantes. En consecuencia, las AFL deben fomentar el respeto del orden público, la seguridad nacional y  la aplicación de las disposiciones consagradas en las normas jurídicas, a fin de que la comunidad pueda disfrutar de un estatus social amparado en el ordenamiento jurídico, sin la vulneración por parte de los órganos del Estado, y las demás instituciones.

En cuanto a este aspecto, es preciso aclarar que las AFL deben tener como objetivo esencial, independientemente de la misión consagrada en los documentos constitutivos, desarrollar iniciativas ciudadanas, mediante las cuales se construya una sociedad, caracterizada por los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores, que como bien consagra el Preámbulo de nuestra Constitución, son esenciales para la cohesión social. Estas iniciativas deben ser implementadas sin buscar ninguna fuente de ingresos, beneficio u otra ganancia financiera, por lo que las AFL deben desarrollar políticas claras encaminadas a consagrar una distribución detallada de los excedentes o déficit que pueden generar en el ejercicio de sus actuaciones.

2. Una estructura formal de buena gobernabilidad.

El Reglamento de aplicación establece los elementos esenciales que deben ser implementados en la estructura institucional de una AFL. En tal sentido, los órganos de gobierno y las disposiciones que regulan a los mismos, deben ser identificados detalladamente en los documentos constitutivos, es decir, en el acta constitutiva, los estatutos, y los demás documentos oficiales de la asociación, con la finalidad de establecer un procedimiento adecuado de toma de decisiones que permita evitar posibles confusiones con respecto a los órganos dirigentes de la asociación. Por consiguiente, con la finalidad de que estos documentos puedan consagrar una buena base de gobernabilidad, el CEESF ha establecido que es necesario que éstos consagren detalladamente, a parte de los datos requeridos por la ley, los siguientes aspectos:

  • Nombre del órgano u órganos de gobierno. En cuanto a este aspecto, debemos resaltar que la estructura recomendada para el desarrollo de una buena gobernabilidad por parte de las AFL, es la estructura dual, mediante la cual existen dos órganos de gobierno que desarrollan sus funciones conjuntamente. Este modelo de gobierno interno, establece un Consejo directivo o un Consejo de supervisión, que principalmente desarrolla las políticas y la orientación estratégica de la asociación, y sobre todo vigila los asuntos financieros y la aplicación de las disposiciones consagradas a través de las Asambleas Generales, y un órgano independiente, que es reconocido mayormente como un Gerente general o Director ejecutivo, el cual tiene la responsabilidad de la organización día con día de la asociación, así como también, aplicar las políticas desarrolladas por el Consejo directivo o de supervisión. En tal sentido, consideramos que la estructura dual es la más completa para poder integrar la gobernabilidad a la vida diaria de las AFL, aunque es necesario aclarar que no es el único modelo existente.


  • Máximo órganos de gobierno y su relación con las demás entidades de la organización, así como sus responsabilidades y facultades básicas. Es decir, que para consagrar una estructura formal de buena gobernabilidad es necesario que en los documentos constitutivos se establezcan detalladamente las funciones correspondiente a los órganos de gobierno, con el objetivo de que no existan dudas ente los miembros de la asociación sobre las atribuciones que le corresponde a cada órgano, a fin de responsabilizar  a los mismos por las actividades efectuadas. En ese sentido, es esencial que se detalle en los estatutos que el Consejo directivo es el principal órgano de gobierno, y que por consiguiente ejerce una autoridad de gobierno constante y consistente, auxiliado por el Gerente general o Director ejecutivo  que ejecutará, por sí solo y con previa autorización del Consejo directivo, las decisiones correspondientes al desarrollo de la asociación, siempre y cuando estas decisiones se encuentren estrechamente vinculadas con su finalidad. La importancia de establecer claramente las funciones de los órganos dirigentes, y sobre todo, la relación que existe entre estos, radica en desarrollar un marco regulatorio que conceda la credibilidad y la confianza necesaria entre los miembros que componen a la asociación, permitiendo el afianzamiento de sus miembros, y una mayor incidencia de las actuaciones de la asociación en las decisiones públicas.​​​


  • Obligaciones de los miembros de la asociación, como por ejemplo lealtad y confidencialidad. En cuanto a este aspecto, debemos resaltar que conforme el artículo 30 del Reglamento de aplicación, “todos los miembros tienen el deber de: a) compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas; b) pagar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada socio; c) cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias; y, d) acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de dirección y de representación de la asociación”. No obstante, a estas obligaciones consideramos necesario agregar los siguientes aspectos: e) participar en las actividades de la asociación y de los órganos de gobierno; f) asistir y ejercer su derecho al voto en las Asambleas generales; g) cumplir en todo momento con las obligaciones puestas a su cargo tanto por los presentes estatutos como por las normas y acuerdos suscritos; h) llevar a cabo las funciones que ponga a su cargo el Consejo directivo; i) de manera general, prestar su colaboración eficaz y permanente para que la asociación cumpla con sus propósitos; y, j) los miembros que componen los órganos de gobierno deben desarrollar sus funciones con lealtad y confidencialidad, apegados a las disposiciones consagradas en los estatutos. En virtud de esto, es necesario resaltar que estos aspectos resultan de gran importancia para el desarrollo de la asociación, toda vez que permiten que los miembros se identifiquen y actúen siempre en beneficio de los intereses y la finalidad de la organización.


  • Número mínimo requerido de miembros del consejo, y la cantidad mínima de reuniones que éste debe efectuar anualmente. Es decir, que en los documentos constitutivos se debe especificar claramente la cantidad de miembros que serán parte del Consejo directivo, su duración, y sobre todo, las disposiciones que regulan la suspensión o el retiro de uno de sus miembros, así como el proceso de selección de los suplentes. Por otro lado, con el objetivo de garantizar la buena gobernabilidad de parte de los órganos dirigentes, es imprescindible indicar una cantidad mínima de reuniones anualmente, a fin de garantizar que las atribuciones concebidas a los órganos de gobierno no queden sin efectos por la carencia de reuniones de dichos órganos.


  • Reglas de membresía (incluidos criterios de elegibilidad, suspensión y expulsión). En cuanto a este aspecto, debemos resaltar que el Reglamento de aplicación consagra los principales requisitos para la adquisición de la membresía de una AFL. En efecto, en su artículo 4, establece que “La constitución o integración en asociaciones sin fines de lucro por las personas físicas y morales se realizará conforme a los siguientes principios: a) las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna limitación legal para el ejercicio del derecho; b) los menores de edad precisan del consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que debe suplir su capacidad; c) las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano directivo competente; y, d) las asociaciones podrán constituir órganos interasociativos bajo la denominación de federaciones, confederaciones, alianzas, foros, uniones u otras similares, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos directivos competentes”. Sin embargo, es necesario aclarar que estos requisitos no son limitativos, sino que independientemente de éstos, los miembros fundadores pueden consagrar en los documentos constitutivos otros requisitos que consideren esenciales para la adquisición de la membresía en una asociación determinada. En tal sentido, es esencial para asegurar una estructura formal de buena gobernabilidad, que en los estatutos se indiquen claramente el proceso de adquisición de la membresía, así como el órgano encargado de aprobar y registrar las nuevas solicitudes, que en la mayoría de los casos, suele ser el Consejo directivo, por constituir el principal órgano de gobierno.


  • Método para convocar las reuniones (responsables de la convocatoria, cómo fijar las fechas, quién decide los puntos de la agencia, entre otros), así como los procedimientos de toma de decisiones. Estos aspectos, se encuentran regulados en el Reglamento de aplicación, no obstante, es necesario destacar que en los documentos constitutivos se debe indicar las formas mediante las cuales se puede efectuar las convocatorias a las asambleas generales, y sobre todo, señalar los casos en que no es necesario efectuar dichas convocatorias. Por otro lado, es recomendable resaltar en los estatutos que en caso de urgencia el representante de la asociación, o el presidente del Consejo directivo tiene la facultad de tomar decisiones que se encuentren estrechamente vinculadas con la finalidad de la asociación, sin embargo, estas decisiones deberán ser ratificadas posteriormente en la próxima reunión de la Asamblea General, con la finalidad de que en casos de urgencia, en los cuales es necesario tomar una decisión inmediata, las actuaciones de las AFL no se encuentren subordinas o paralizadas por la necesidad de la aprobación simplemente de una Asamblea General.​


  • Disposiciones relacionadas con conflictos de interés. Finalmente, en cuanto a la estructura formal de buena gobernabilidad, entendemos necesario que las AFL deben contar con una política adecuada de resolución de controversias, con el objetivo de que los problemas internos que puedan surgir entre los miembros de la asociación, no trasciendan al orden público, y en consecuencia no se corrompa su credibilidad. Por lo que los órganos de gobierno deben actuar como entidades imparciales que sean intermediarios en la resolución de las controversias surgidas entre sus miembros.  


En virtud de esto, es notorio que para asegurar la buena gobernabilidad en las AFL, es necesaria la elaboración de una estructura formal de sus órganos de gobierno, con el objetivo de poder identificar claramente sus atribuciones en los documentos constitutivos, es decir, en el acta constitutiva, los estatutos, su constitución y demás documentos oficiales, a fin de garantizar sus actuaciones, y sobre todo, establecer las responsabilidades fundamentales de vigilancia y toma decisiones en la asociación.

3. Una forma básica de rendición de cuenta.

Entre los principios básicos para la buena gobernabilidad de las AFL, podemos destacar el desarrollo de una estructura adecuada y simplificada de rendición de cuenta. En tal sentido, es preciso indicar que uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de una buena gobernabilidad es la transparencia en el manejo de los libros de registro de la asociación, toda vez que una organización que rinde cuentas tiene un sistema efectivo de gobernabilidad interna, y sobre todo, genera una gran credibilidad para sus miembros y la comunidad en general. Por consiguiente, debemos destacar que el Tribunal de Cuentas en España ha conceptualizado la rendición de cuentas como “el acto mediante el cual los responsables de la gestión de los fondos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos en un ejercicio económico”[4]. Es decir, que la redición de cuentas puede conceptualizarse como la obligación o disposición a aceptar la responsabilidad o a dar cuenta de sus propias acciones.

En virtud de esto, debemos aclarar que para garantizar una adecuada gobernabilidad en las AFL, es necesario que éstas contengan en los documentos constitutivos un sistema transparente de redición de cuentas, determinando los responsables y el procedimiento correspondiente para llevar adecuadamente estos registros. Por tal motivo, el Reglamento de aplicación establece la obligación de las AFL de llevar “una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas”. En consecuencia, es recomendable que los documentos básicos de la asociación consagren detalladamente el órgano responsable para el manejo y la utilización de los bienes de la asociación, y sobre todo, las posibles sanciones en caso de prácticas fraudulentas con el manejo de dichos bienes, garantizando así, una administración y movilización responsable de los recursos de la asociación.

4. La separación de las funciones gerenciales de las prácticas de gobernabilidad.

Por otro lado, es necesario destacar que un principio de buena gobernabilidad radica en considerar que las funciones gerenciales son distintas a las prácticas de gobernabilidad. De esta manera lo ha consagrado el CEESF, al establecer que “con la separación de las funciones gerenciales de las prácticas de gobernabilidad se implementa un sistema de frenos y contrapesos que garantizan la adecuada dirección de la organización, y sobre todo, asegura el interés público en la toma de decisiones importantes”.

En efecto, en los casos en que el consejo no se encuentra separado de la dirección se produce un estado perpetuo de conflictos de interés, reales o percibidos, debido a la superposición de roles ejecutivos y de supervisión, toda vez que como este adquiere un poder absoluto puede desarrollar políticas y tomar decisiones en base a sus beneficios, y no a los intereses de las partes involucradas. En tal sentido, es preciso resaltar que con la independencia del consejo de las decisiones tomadas por la gerencia se evita automáticamente la sospecha de que sus acciones no obedecen al bien público, toda vez que el consejo, en ese caso, actuaría como un freno al control gerencial sin dirigir a la organización ni disponer directamente de los fondos. Esta existencia de un consejo activo e independiente garantiza a los donantes, a la población beneficiaria y a otras partes interesadas que la dirección de la asociación se realiza de manera profesional, y le otorga la confianza de que en el gobierno interno de la asociación no existen conflicto de intereses[5].

5. El desarrollo de políticas éticas y profesionales.

El numeral 4 del artículo 3 del Reglamento de aplicación establece que “la organización interna y el funcionamiento de las asociaciones sin fines de lucro deben ser democráticas, respetando el pluralismo y la diversidad de opinión, la no discriminación por razón, de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y serán nulos de pleno derecho las disposiciones estatutarias y los acuerdos contrarios a tales requisitos”. En tal sentido, con el objetivo de garantizar una correcta gobernabilidad en las AFL, es necesario que  éstas desarrollen un conjunto de políticas éticas y profesionales, a fin de que los miembros desarrollen un comportamiento ejemplar que vaya más allá de cumplir con la misión de la asociación, asegurando que aquellos valores y prioridades que transmite la asociación sean aquéllos con que la organización desea que la identifiquen. Entre las políticas que pueden desarrollar las AFL se encuentra el código de conducta de sus miembros, mediante el cual se establecen las disposiciones que regulan el comportamiento que deben asumir los miembros de la asociación, con el objetivo de que no exista ningún tipo de discriminación, parcialidad o preferencia dentro del gobierno interno de la organización.  

6. La responsabilidad social con las comunidades que sirve.

Finalmente, aunque no menos importante, las AFL deben establecer políticas claras sobre su responsabilidad social con las comunidades a las que sirven. En consecuencia, tomando en cuenta, que las AFL a través de sus actuaciones no buscan obtener ninguna fuente de ingresos, beneficio u otra ganancia financiera, deben asegurarse que sus actuaciones tienen como finalidad primordial garantizar la satisfacción de una necesidad básica dentro de la comunidad o de sus integrantes. En cuanto a este aspecto, debemos destacar que a través de las diferentes políticas internas desarrolladas por el asociación, se garantiza la protección de los derechos y los interés de la comunidad, a través de la participación de la vida comunitaria en las decisiones públicas llevadas a cabo por los órganos del Estado, por lo que se protege los derechos y deberes de las comunidad en general. Es preciso aclarar que por comunidad se debe entender a los miembros de la organización, la población beneficiara, los donantes, el gobierno y demás partes interesadas o grupos de apoyo. Es decir, que la buena gobernabilidad no solo se limita a influenciar en la credibilidad de los miembros de la asociación, sino que contribuye con el afianzamiento de las relaciones de la asociación con las demás instituciones y órganos del Estado.

En tal sentido, debemos resaltar que con la implementación de estos principios, las AFL irradian una estructura de responsabilidad y compromiso con la comunidad, lo que permite que sus decisiones sean valoradas y sean más efectivas con relación a las decisiones tomadas por los órganos del Estado. Conforme la base de datos de la Procuraduría General de la República en el periodo de 2006 al 2010 fueron reconocidas o incorporadas mediante resolución un total de 1, 234 AFL[6], de las cuales solo la minoría ha logrado alcanzar su finalidad. Esto se debe a que muchas de estas organizaciones no contienen una estructura adecuada de buena gobernabilidad, por lo que sus actuaciones se vuelven tan amplias y genéricas, que se distorsionan entre las problemáticas de la sociedad. En consecuencia, es necesario aclarar que las asociaciones antes de intentar organizar y satisfacer las necesidades de las comunidades y de sus integrantes, deben organizar su estructura interna a través de la implementación de una buena gobernabilidad, para que sus actuaciones puedan influir en el orden público, y puedan garantizar los intereses y los derechos de los ciudadanos. Por lo que, aunque parezca difícil o complicado, una buena gobernabilidad es la única manera para que la asociaciones puedan alcanzar sus objetivos.  


[1] Centro Europeo de Derecho sobre Entidades Sin Fines de Lucro. Manual de gobernabilidad para ONGs. Hungría. Disponible en: http://www.icnl.org/programs/lac/mexico/manual-de-gobernabilidad-final.pdf, última visita en fecha 13 de enero de 2014.

[2] United Nation. Manual sobre las Instituciones sin Fines de Lucro en el Sistema de Cuentas Nacionales. United Nations Publications, 2007. p. 12.

[3] Centro Europeo de Derecho sobre Entidades Sin Fines de Lucro. op. cit. p. 17.

[4] Definición obtenida de la Página del Tribunal de Cuentas de España: http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/portaldelciudadano/index.html#1, última visita en fecha 14 de enero de 2014.

[5] Centro Europeo de Derecho sobre Entidades Sin Fines de Lucro. op. cit. p. 29.

[6] Tejada, Milton. Impacto socio-económico de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana. Alianza ONG. Disponible en: http://rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/07/Alianza+ONG+Estudio.pdf, última visita en fecha 19 de enero de 2014.  

La Buena Gobernabilidad en las Asociaciones Sin Fines de Lucro