​​(14.03.2016)


En el año 2012, el Tribunal Constitucional sentó un precedente importante al considerar el amparo como la vía idónea para garantizar los derechos fundamentales lesionados o amenazados (TC/0049/12). Este criterio se ha mantenido en la jurisprudencia constitucional, sin embargo, ha sido moldeado a través de los criterios adoptados entorno a la causal de inadmisibilidad del artículo 70.1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales de fecha  13 de junio de 2011 (en lo adelante “LOTCPC”).

En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la acción de amparo es la vía más idónea para garantizar los derechos fundamentales siempre y cuando no se acuda a esta vía por cuestiones vinculadas a pago de impuestos (TC/0083/12), procesos de embargos (TC/0083/12), devolución de bienes incautados (TC/0084/12), aspectos de legalidad ordinaria (TC/0017/13), Litis sobre derechos registrados (TC/0101/14), procesos de adopción (TC/0265/14), anulación de actos y contratos administrativos (TC/0225/13, TC/0097/13), conflictos eminentemente administrativos (TC/0127/14), cuestionamientos de decisiones judiciales (TC/0041/15) y asuntos relacionados a ejecución de sentencias (TC/0147/13). Estos límites se encuentran justificados en la necesidad de mantener la acción de amparo como una vía sumaria destinada a comprobar la existencia de una lesión o amenaza en los derechos fundamentales del accionante y, en consecuencia,  adoptar las medidas necesarias para la protección de estos derechos sin la necesidad de evaluar aspectos que correspondan a la jurisdicción ordinaria.

Así pues, es posible afirmar que la restricción para acceder a la acción de amparo se encuentra razonada en las garantías procesales que componen el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes. Y es que, los límites de admisibilidad permiten el descongestionamiento de las jurisdicciones de amparo, evitando el exceso de amparos en asuntos de escasa o nula importancia. Ahora bien, las causas de inadmisibilidad de esta acción poseen a su vez límites, por lo que las restricciones al ejercicio del amparo no pueden desconocer el artículo 72 de la Constitución. En efecto, si bien es cierto que el legislador posee la facultad de regular el acceso a la vía del amparo, no menos cierto es que dicha potestad se encuentra condicionada al respeto de su contenido esencial (artículo 74.2 de la Constitución).

Por esto, las limitaciones establecidas por el legislador, al igual que las interpretaciones otorgadas por los jueces constitucionales a las causas de inadmisibilidad, se encuentran supeditadas al respeto de esta garantía como una vía (i) de protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de toda autoridad pública o de particulares, (ii) para hacer efectiva el cumplimiento de una ley o acto administrativo y (iii) para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. En otras palabras, los límites del amparo no pueden inobservar irrazonablemente ninguna de estas funciones porque desconocerían el contenido esencial  de esta garantía fundamental. 

En ese orden de ideas y partiendo de los límites a los límites del amparo, es oportuno recordar que en el mes de septiembre del año 2015 publicamos un artículo intitulado “la acción de amparo como vía judicial efectiva para garantizar derechos colectivos y difusos”,  en el cual señalamos que “independientemente de que la acción posea cuestiones que obedezcan a efectos particulares de índole administrativo, el solo hecho de que el accionante procure detener o evitar la afectación del equilibrio ecológico, por ejemplo, es suficiente para que el amparo sea admitido y, en consecuencia, el juez determine la necesidad de adoptar medidas tendentes a garantizar la seguridad de todos”. Este razonamiento está justificado, a nuestro entender, en que la lesión o amenaza de los derechos colectivos y difusos comporta siempre una cuestión de relevancia constitucional, pues genera un riesgo desmedido que no solo pone en juego los derechos particulares de cada persona sino que genera una inestabilidad en el orden social.

Por esta razón, las cuestiones que procuran la adopción de medidas de protección de derechos colectivos y difusos escapan del control inmediato de la jurisdicción ordinaria y, en consecuencia, habilitan la intervención controladora de la justicia constitucional. Esto, incluso, se puede evidenciar en el artículo 72 de la Constitución que consagra la naturaleza de la acción de amparo, pues el constituyente ha habilitado expresamente esta garantía procesal para “salvaguardar los derechos e intereses colectivos y difusos”. Y no es para menos, toda vez que los derechos colectivos y difusos son derechos de la comunidad, por lo que resultan ser derechos transindividuales que requieren de una tutela judicial diferenciada (Jorge Prats: 223). De manera que es evidente que estos derechos requieren de una protección más expedita y sumaria como lo es, por ejemplo, la acción de amparo.

En casos similares, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que “la acción de tutela procede, a pesar de la existencia de otros mecanismos de protección, para evitar la ocurrencia de un perjuicio, es decir, se reviste de carácter preventivo”. En ese sentido, continúa ese tribunal señalando que “cuando existe una estrecha relación entre derechos colectivos y derechos individuales considerados fundamentales, la acción de tutela es procedente dada la imposibilidad en la mayoría de los casos de separar los ámbitos de protección de los dos grupos de derechos” (Sentencia No. T-362/14 de fecha 10 de junio de 2014). De modo que, independientemente de que el accionante tenga la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, a través de medidas cautelares, para evitar la consumación de un daño en sus derechos colectivos, la acción de amparo se perfila como la vía judicial más idónea por el riesgo al que se encuentran sometidos el interés público y el orden constitucional.  

Así lo previó el legislador a través del artículo 69 de la LOTCPC al señalar que “las personas físicas o morales están facultadas para someter e impulsar la acción de amparo, cuando se afecten derechos o intereses colectivos y difusos”. De este artículo se desprende que la naturaleza misma del amparo convierte esta garantía en la vía idónea para la adopción de medidas de protección de estos derechos, por lo que es suficiente con que se presente la amenaza o el riesgo de que se producirá un daño en los derechos colectivos y difusos para que se habilite la justicia constitucional y, por consiguiente, pueda activarse el mecanismo de la acción de amparo.

Ahora bien, aun advirtiendo sobre la importancia del amparo para garantizar derechos colectivos y difusos, en fecha 4 de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia No. TC/0055/16 que revoca una sentencia que amparaba derechos colectivos y difusos. Conforme el criterio asumido por el pleno de ese tribunal, “la decisión objeto de revisión es incorrecta, en razón de que los actos administrativos, como el que nos ocupa, deben ser cuestionados siguiente el procedimiento previsto ante la Jurisdicción contencioso administrativa”. Para tener una idea más clara del caso, es oportuno señalar que la controversia surge a través de una acción de amparo interpuesta por las comunidades del sector María Agramonte del Municipio Monte Llano, la cual procuraba el cierre de una envasadora de gas licuado de petróleo por representar un riesgo desmedido para sus derechos colectivos. En ese sentido, el Tribunal Constitucional evidenció que la envasadora contaba con un permiso dado por el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que se trataba de irregularidades provenientes de un acto administrativo. Por esto, a su entender, la vía judicial más efectiva es la jurisdicción contenciosa administrativa.

Contrario a lo decidido por el pleno, entendemos que, independientemente de que la controversia esté vinculada a la legalidad o no de actos administrativos, el sólo hecho de que exista un riesgo posible de materialización de un daño irreparable en los derechos colectivos y difusos es suficiente para que la justicia constitucional quede habilitada y, en consecuencia, la acción de amparo se perfile como la vía judicial más idónea para la adopción de una medida de protección de estos derechos. Y es que, los derechos colectivos y difusos condicionan los demás derechos individuales, incluyendo los derechos particulares del titular de la planta de gas.  Así lo dispone el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”.

Por tanto, la simple presunción de vulneración de derechos colectivos y difusos obliga al juez de amparo a tomar las medidas requeridas para salvaguardar de manera efectiva la protección de estos derechos, toda vez que los perjuicios que pudieran ocasionarse en estos casos no podrían ser posteriormente reparados por una jurisdicción ordinaria. De manera que someter la protección de estos derechos a la jurisdicción contenciosa administrativa o, en cambio, a un juez unipersonal que conoce discrecionalmente sobre las solicitudes de medidas cautelares, constituye una desnaturalización de la garantía del amparo, pues el constituyente consagró expresamente esta vía como un mecanismo para salvaguardar derechos e intereses colectivos y difusos (artículo 72 de la Constitución).
 
En ese orden de ideas, aplaudimos el voto disidente de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, quien disintió del criterio mayoritario porque la protección de los derechos colectivos de las comunidades sobrepasa las cuestiones relacionadas a la legalidad o no de los actos administrativos. Este hecho por sí solo convierte el amparo en la vía más idónea, pues “la idoneidad de la vía del amparo como vía procesal está determinada por circunstancias que permitan reconocer la urgencia de la protección de un derecho fundamental o que dicha protección resultare tardía, o existiere la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse el amparo”, como sucede en estos casos.

En efecto, la magistrada Bonilla Hernández señaló que “el tribunal erró en el núcleo de la controversia al señalar que el conflicto lo genera el otorgamiento de los permisos y a nuestro entender el conflicto sobrepasa el otorgamiento de los permisos, porque aun estuviesen impugnados, se trataría de un asunto de legalidad y de lo que se trata es de un conflicto de constitucionalidad, al margen de que los permisos sean legales o no, porque existen dos derechos fundamentales protegidos en la Constitución, de un lado el de medio ambiente, y salud consagrado en los artículos 61 y 67 y del otro lado el derecho a la libre empresa, protegido en el artículo 50, por lo tanto a nuestro criterio, la sede constitucional es la vía idónea para realizar la ponderación entre ambos derechos”.

En virtud de esto, entendemos que el criterio mayoritario de la Sentencia No. TC/0055/16 desconoce el contenido esencial del amparo, pues realiza una interpretación irrazonable de la causa de inadmisibilidad consagrada en el artículo 70.1 de la LOTCPC. Y es que de la naturaleza misma de los derechos colectivos se desprende la necesidad de que sean garantizados a través de una vía preferente, sumaria, oral, pública, gratuita y no sujeta a formalidades. Es decir que éstos derechos requieren de una tutela judicial diferenciada por parte del juez de amparo a fin de evitar un daño inminente en el bienestar común como consecuencia de la demora de las vías ordinarias. Por esto, esperamos que el pleno adopte en algún momento los razonamientos efectuados por la magistrada Bonilla Hernández y, en consecuencia, permita que las personas puedan contar con una vía eficaz para la protección del interés general. 

La desnaturalización del amparo