Hace unos meses señalé que los jueces tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de comunicación. El ejercicio de este derecho permite la democratización de la administración de justicia y, en consecuencia, un mayor control social de las funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en una forma de legitimación de la actividad judicial. Ahora bien, también indiqué que el ejercicio de este derecho está condicionado al mantenimiento de una conducta neutra y objetiva por parte de los jueces, con el objetivo de garantizar la imparcialidad e independencia de la justicia. Es decir que los jueces pueden hablar y escribir libremente, siempre y cuando no fomenten ideas que puedan comprometer su imparcialidad (ver, “La libertad de expresión de los jueces”, 30 de julio de 2020).

Lo anterior fue reafirmado recientemente por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el Caso Urrutia Laubreaux vs. Chile (27 de agosto de 2020), al señalar que los jueces gozan de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, pero que su ejercicio está condicionado a la observancia de ciertos preceptos que procuran preservar “la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. En efecto, a juicio de esta Corte, “si bien la libertad de expresión de las personas que ejercen funciones jurisdiccionales puede estar sujeta a mayores restricciones que la de otras personas, esto no implica que cualquier expresión de un juez o jueza puede ser restringida. En este sentido, no es acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Chile había comprometido su responsabilidad internacional por inobservar las disposiciones del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio del Mag. Daniel David Urrutia Laubreaux, al imponer una sanción de censura, que después fue reducida a una amonestación privada, por la publicación de un trabajo académico que criticaba las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones durante el régimen militar chileno.

Para justificar la sanción impuesta al Mag. Urrutia Laubreaux, el Estado chileno argumentó que “la libertad de expresión no tiene valor absoluto respecto de los jueces”, por lo que “todo juez chileno debe sujetarse a uno de los límites a la libertad de expresión que establece (…)” la normativa chilena. Los límites se justifican en el objetivo legítimo de “prevenir que surjan conflictos al interior del Poder Judicial que terminen por afectar la credibilidad de la función judicial de cara a la ciudadanía, perjudicando la legitimidad de la judicatura y amenazando por esa vía su independencia”.

En respuesta a este planteamiento, el Mag. Zaffaroni, en un interesantísimo voto concurrente, señaló que los jueces no renuncian a sus derechos cuando ingresan a la administración de justicia y tampoco a sus ideologías, valores y cosmovisiones. De ahí que la imparcialidad judicial no se logra obligando a los jueces a ceder “a sus valores, ideas y cosmovisiones personales”, a fin de que asuman “los de una cúpula orgánica, en una actitud de acatamiento, subordinación y ocultación”, sino que su perfeccionamiento depende en gran medida de la existencia de un “pluralismo interno -dentro- del propio Poder Judicial, que posibilita los debates y críticas entre jueces, esclarecedores para la opinión pública y para los propios magistrados”.

En síntesis, a juicio de Zaffaroni, “la estructura horizontal o corporativa de los poderes judiciales no es una cuestión que quede por completo a la discreción de los Estados, sin comprometer al derecho internacional de los Derechos Humanos. Si bien los Estados tienen un innegable y amplio margen de opciones entre los diferentes modelos de estructuras judiciales, compete al derecho internacional de los Derechos Humanos garantizar a todos los habitantes el derecho básico establecido en el artículo 8.1 de la Convención, lo que no es posible cuando el juez que debe proceder de modo convencional forma parte de una estructura corporativa, vertical y jerarquizada, es decir, cuando el Estado le desconoce al propio juez los derechos inherentes a su condición de persona con autonomía moral y de ciudadano con derecho de crítica”.

De lo anterior se infiere, tal y como indiqué en otros artículos, que los jueces gozan de la libertad de expresar libremente sus ideas, pensamientos y cosmovisiones y que el ejercicio de este derecho permite la democratización de la administración de justicia. En otras palabras, los jueces no renuncian ni ceden a sus derechos fundamentales cuando ingresan a los órganos jurisdiccionales, de modo que éstos pueden hablar y escribir libremente sobre temas generales por cualquier medio de comunicación. Y es que, tal y como ha juzgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión “comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatario” (Caso “La última tentación de Cristo” vs. Chile).

Ahora bien, es importante recordar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, de modo que los jueces deben ejercerlo con prudencia y con especial cuidado, a fin de evitar comprometer la imparcialidad judicial y, en consecuencia, lacerar la confianza de las personas en la justicia. De ahí que lo jueces no pueden ventilar en los medios de comunicación asuntos vinculados con casos concretos, pero sí pueden opinar libremente sobre tópicos jurídicos y temas generales vinculados con la administración de justicia.

La libertad de expresión de los jueces y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Roberto Medina Reyes - 10 de diciembre de 2020 - 12:00 a.m.