(14.10.2013)

Editorial de la edición No. 29 del Boletín Communis Opinio del 

Comité de Estudiantes de Derecho (CED-PUCMM).


Las personas privadas de libertad poseen un status jurídico particular…

Durante los últimos años hemos sido parte de una gran polémica sobre la protección de los derechos fundamentales de los internos por parte de los centros penitenciarios; sentencias recientes emitidas por el Tribunal para la Ejecución de la Pena han evocado que los internos poseen derechos que le son inherentes al ser humano independientemente de que hayan sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal, y que por consiguiente con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos deben gozar de los derechos fundamentales y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentados de las Naciones Unidas (Artículo 5 del Manual de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República). Si bien es cierto que según lo estipulado en el artículo 436 del Código Procesal Penal “el condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, y el código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley”, no menos cierto es que la persona privada de su libertad posee un status jurídico particular, ya que es un sujeto titular de derechos fundamentales pero también estos derechos contienen limitaciones derivadas de su situación de reclusión, la regla evidentemente es la protección de esos derechos fundamentales, y la excepción, la restricción de algunos de ellos.

En esta ocasión sólo haré una pequeña introspección en el derecho a la libertad de expresión, que la amplitud de su restricción va a depender del contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Es evidente, que la comunicación con el exterior por parte del interno es una manera de que el condenado pueda seguir formando parte de la sociedad y evitar su desarraigo social. No obstante, uno de los objetivos primordiales del fin y la justificación de las penas y medidas preventivas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. El derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado, desde un principio, en la Constitución de la República Dominicana cuando establece “que el disfrute de esas libertades se ejercerá respetando el derecho de honor, a la intimidad, así como la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”. Existen crimines que debido a su magnitud y forma de elaboración afectan de manera directa a la moral de la sociedad, y por consiguiente crean un desasosiego entre los ciudadanos; por tal razón, considero que ese derecho fundamental de libre expresión debe estar esmeradamente supervisado y limitado para las personas que elaboran tales acciones y que se encuentran recluidas de la sociedad hasta tanto cumplan con la pena asignada a su comportamiento antijurídico, ya que tal y como establece el afamado biólogo francés, Alexis Carrel, “el sentido moral es de gran importancia, debido a que cuando desaparece de una nación, toda la estructura social va hacia el derrumbe”. Las comunicaciones de los internos, especialmente cuando son establecidas a través de medios de comunicación, tales como las redes sociales, los periódicos, y los programas de televisión, pueden ayudar a la concientización de la sociedad para que las personas no desarrollen un comportamiento inapropiado, no obstante, también pueden ser utilizadas para influenciar negativamente en el accionar de las personas, y sobre todo como una vía para continuar con la elaboración de crímenes que afecten a la sociedad.

Los centros penitenciarios deben respetar las comunicaciones de los penados, y sobre todo garantizar que los internos gocen de un derecho de comunicación ilimitado, y en ocasiones íntimo, donde puedan disfrutar del régimen del secreto de las comunicaciones con familiares, amigos, abogados, o con otros profesionales; empero, cuando se trata de comunicaciones con medios de comunicación masivos que influyen en la opinión y el criterio de la sociedad, deben de supervisar y limitar las informaciones y/o opiniones que puedan ocasionar intranquilidad en la sociedad porque afecten la moral de las personas, y no permitir que puedan realizar publicaciones sin la advertencia de las instituciones encargadas para que se abstenga de proporcionar alguna información inapropiada. Entre las formas en que puede ser limitado este derecho fundamental sin violentar su ejercicio, es a través de la intervención y la suspensión o restricción de alguna comunicación concreta, ya que evidentemente, no es necesario ser un psicólogo, para comprobar que el estado mental de una persona que roba o que comete un homicidio voluntario por alguna causa en determinado, no es el mismo estado de una persona que incendia voluntariamente su propiedad con sus hijos dentro, o que le otorga a un niño una gran cantidad de puñaladas.

La libertad limitada de los internos